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Indispensable para el desarrollo sostenible, el Estado de Derecho está en riesgo. Paradójicamente, el contundente triunfo de Morena en las elecciones federales —hace 10 días— ha encendido las alertas, ante la reiterada amenaza de cumplir con el “plan C”.

A lo largo del sexenio lopezobradorista, los contrapesos no gubernamentales fueron avasallados. Y los límites institucionales al Ejecutivo quedarían minados, de concretarse el paquete de reformas propuesto el pasado 5 de febrero.

Del debilitamiento a la desaparición de los órganos autónomos, ahora sólo queda un paso. Y la mayoría oficialista está decidida a suprimirlos, en aras de la austeridad republicana y el combate a la corrupción.

Con esas mismas banderas, la administración lopezobradorista ha emprendido acciones contra inversionistas foráneos, sin admitir mecanismos alternativos para solucionar las controversias. El caso más sonado —que incluso involucró a Antony Blinken, secretario de Estado de la administración Biden— es el de Sac Tun, el banco de materiales pétreos de Vulcan Materials ubicado en Playa del Carmen.

¿El más reciente? El arbitraje entre Luxemburgo y México por la incautación de un barco de dragado en el puerto de Tampico. La embarcación fue detenida el 1 de noviembre de 2023 y desde entonces, sus 36 tripulantes —de distintas nacionalidades— permanecen a bordo.

La Administración General de Auditoría y Comercio Exterior consideró al buque “Zheng He” con bandera de Luxemburgo, como mercancía de comercio exterior y determinó que su estancia en México era ilegal, aun cuando llegaba al país a hacer trabajos de dragado. El SAT impuso una multa por más de 1,600 millones de pesos. El caso ya fue admitido en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El estancamiento en la materia es el fenómeno visibilizado por el capítulo local del World Justice Project, en su Índice de Estado de Derecho en México correspondiente al periodo 2023-2024.

La primera edición data del 2018. En el sexenio, sólo un pequeño grupo de entidades federativas ha registrado mejorías en las categorías del Índice del WJP: Baja California, Guerrero y Querétaro, en el respeto a los límites del poder gubernamental; Querétaro y Sinaloa en combate a la corrupción; Guerrero, Nuevo León y Tlaxcala, en gobierno abierto; Guerrero y Querétaro, en derechos fundamentales; Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas, en orden y seguridad; Guanajuato, Morelos y Sonora, en cumplimiento regulatorio; Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, en justicia civil, y Durango, Nayarit y Querétaro, en justicia penal.

En esta sexta edición del Índice, los tres estados con mejor puntaje son: Querétaro (0.49), Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47). En contraste, Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Estado de México (0.35) ocupan las últimas posiciones. Desde la edición anterior, 13 estados disminuyeron su puntaje, 14 lo mantuvieron, y solamente 5 lo aumentaron. La calificación promedio general es de 0.41.

Al arrancar la semana, el WPJ divulgó los resultados correspondientes al periodo y confirmó que materia de justicia penal, hubo un deterioro en el debido proceso: 17 estados bajaron su puntaje, tres lo mantuvieron y sólo 12 lo incrementaron.

Dentro de los resultados generales de esta edición, en la dimensión de gobierno abierto, hubo un deterioro en la mayoría de las entidades: 21 estados bajaron su puntaje, cuatro lo mantuvieron y sólo siete lo incrementaron.

Por otro lado, se registraron incrementos en orden y seguridad, principalmente por las mejoras en la percepción de seguridad. En este indicador, 24 estados incrementaron su puntaje, dos lo mantuvieron y seis lo bajaron.

Además, continúa el estancamiento en el rubro denominado ausencia de corrupción. Específicamente, la ausencia de corrupción en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia tuvo descensos en la mayoría de los estados.

En el tema de derechos fundamentales, destaca una mejora en la garantía de los derechos laborales en la mayoría de los estados. 19 subieron su puntaje, siete lo mantuvieron y seis lo bajaron.