Como puede ver, señora senadora, les queda mucho trabajo por hacer con respecto a la reforma de la Reforma Judicial para que deje de ser una simulación al servicio de la 4T. Ojalá se pongan a trabajar y pronto
LIC. LAURA ITZEL CASTILLO,
PRESIDENTA,
CÁMARA DE SENADORES:
Simulación: simulacro, ficción,
Farsa, pantomima.
Diccionario de la
Real Academia de la Lengua
Imagino que ahora que ya definieron el destino del Plan B de la Reforma Electoral, el Congreso tendrá a bien enfocarse en hacer ajustes a la pasada Reforma Judicial con miras a la próxima elección de la mitad de los juzgadores.
Espero, nada más por sentido común, que tengan a bien mover la fecha de los comicios y pasarlos del 2027 al 2028, porque empatarlos con las contiendas intermedias sería aberrante. Hay muchas buenas razones para modificar la fecha, desde el agobio para los electores hasta la complicación técnica para el INE de organizar dos elecciones con racionalidades distintas.
Si de verdad quieren que la elección judicial no sea tan fallida como la anterior, le sugiero que usted y los demás legisladores lean la magnífica investigación auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer bajo el título Elecciones Judiciales 2025, Balance Crítico. En el proyecto participaron destacados investigadores de México Evalúa, Juicio Justo, Documenta y Laboratorio Electoral, por solo mencionar algunas de las organizaciones.
El reporte es bastante extenso, así que me centraré en el capítulo 7, Evaluando las elecciones judiciales y estableciendo la agenda para futuras reformas: perspectivas del público, los candidatos judiciales y los juristas. En este apartado, se presentan “las percepciones sobre las elecciones judiciales de 2025 en México entre tres grupos clave: el público, profesionales del ámbito jurídico y los candidatos judiciales. A partir de encuestas originales realizadas inmediatamente después de los comicios”.
Y realizaron las encuestas a partir de la premisa de que no solo se logra el éxito democrático al elegir directamente a los juzgadores, sino también es necesario que el ejercicio cuente con el respaldo ciudadano, basado este último en la forma que tuvo lugar el procedimiento electoral. Los resultados no son nada halagadores, doña Laura Itzel, nada halagadores.
Se preguntó a los encuestados qué tan justas habían sido las elecciones del 2025. Y con la pena de que los abogados le dieron un calificación de 2.9 puntos de un máximo de 5.0 puntos; en abundancia de lo anterior, el modo estadístico de las respuestas se concentró en 1.0 de calificación con 39.3% de las respuestas. Las razones aducidas por los abogados se expresan bien con estos verbatim: “Muchos candidatos eran desconocidos, otros delincuentes”; “El gobierno eligió a todos los candidatos, no dio información sobre ninguno de ellos, otorgó acordeones donde se ‘sugirió’ por quiénes votar”; “Porque hubo falta de información clara sobre los candidatos y las reglas cambiaron durante el proceso”.
Los candidatos fueron los más negativos hacia el proceso electoral al otorgarle 2.0 de calificación, al tiempo que 56.3% de ellos lo considera poco justo, “Por apoyos que recibieron algunos candidatos”; “Intervención del partido político en el poder”; y “entrega de acordeones”. Esta última razón fue la más recurrente en este grupo.
En cuanto a la población general, 43.9% caracterizó el proceso como injusto y al 60% le generó poca/ninguna confianza. Como es claro, la existencia de los acordeones para guiar el voto es una de las causales para la percepción negativa en los tres grupos estudiados.
Un gran problema de carácter técnico fue la boleta. “Con más de 7,700 candidatos compitiendo por más de 2,600 cargos judiciales,” dice el reporte, “los electores enfrentaron papeletas saturadas de nombres, algunas con más de 150 candidatos en una sola página”. También hubo errores en que en la fila de cuadros donde el elector debía poner su voto, a veces había más cuadros de los necesarios y en otras había menos.
Dentro de las recomendaciones que los encuestados proponen para las próximas elecciones judiciales destaca que los tres grupos coinciden mayoritariamente en la necesidad de que se realice un examen previo a los aspirantes: abogados, 84.4%; candidatos, 82.2%; y público 70.7%; no les basta con el currículum vitae y cinco años de experiencia. La realización del examen se vincula directamente con la transparencia y la confianza que las elecciones pueden suscitar. Cifras muy similares arroja la sugerencia sobre el recuento de voto por voto en la casilla.
Llama la atención que los grupos encuestados está a favor de que los candidatos sean avalados por asociaciones profesionales; es la tercera repuesta más frecuente y al interior de los grupos se presenta de la siguiente manera: 53.6% de los abogados; 57.9% de los aspirantes; y 37.4% del público general. “Esta divergencia apunta hacia una tensión importante: mientras que candidatos y juristas perciben la expansión de recursos y avales como mecanismos para equilibrar la contienda, los ciudadanos siguen siendo cautelosos respecto a reformas que podrían profundizar la politización”.
Como puede ver, señora senadora, les queda mucho trabajo por hacer con respecto a la reforma de la Reforma Judicial para que deje de ser una simulación al servicio de la 4T. Ojalá se pongan a trabajar y pronto.
P.D. Esta columna se tomará vacaciones la próxima semana. Nos reunimos el lunes de Pascua.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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