Elecciones 2024
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¿Cómo sostener que el PAN crece, cuando deberá entregar el control político en dos de sus bastiones? ¿Qué otra opción tiene el PRI más que aceptar el veredicto ciudadano en las urnas, cuando está condenado —al igual que el PRD— a ser parte de la chiquillada?

En los últimos 25 años, esos tres partidos políticos dominaron el sistema partidista solidificado por la reforma electoral de 1996. Morena, tras haber arrollado a sus competidores en Baja California, Puebla y Quintana Roo anticipa la consolidación de una nueva hegemónica electoral, con el PT y el PVEM como partidos satélite.

El avance de la izquierda en La Laguna duranguense apuntaría en esa dirección, de confirmarse sus triunfos en Lerdo y Gómez Palacio. Igualmente, la conquista de las cinco alcaldías de Baja California, incluidas Tijuana y Mexicali, dos urbes fronterizas.

El PAN perdió dos de sus bastiones (Baja California, tras tres décadas de gobierno estatales) pero preservó el control político en Aguascalientes y Tamaulipas, mientras que en Durango contuvo al Movimiento Ciudadano y logró recuperar la alcaldía de la capital.

La fuerza priista, en cualquier caso, sólo tiene referentes regionales. Y acusa una pavorosa debilidad: en la contienda por la alcaldía de la capital hidrocálida, quedó en cuarto lugar y se fue a la quinta posición en Durango capital, Mexicali y Tijuana.

Morena gana por el efecto AMLO, sin duda, pero también por el hartazgo ciudadano a los partidos tradicionales. Además de sumar dos nuevos gobernadores y estrenar un frente ganador, con el PT y el PVEM como aliados, se erigió en primera fuerza electoral en Quintana Roo, donde se renovaron las 15 curules del Congreso y la alianza PAN-PRD-PES —que respalda al gobernador Carlos Joaquín González— apenas logró ganar en tres distritos.

La coalición lopezobradorista resultó competitiva en las seis entidades, salvo en Aguascalientes —que renovó sus 11 alcaldías— y Tamaulipas, donde eligieron 22 diputados locales. En La Laguna duranguense, sus candidatos podrían conquistar Gómez Palacio y Lerdo, esta última alcaldía tendrá que resolverse en tribunales, ante el breve margen de diferencia entre los candidatos más votados, donde el PAN quedó relegado a un tercer plano.

Con el rescate de la capital duranguense y el triunfo en otros 17 municipios, el PAN se da por bien servido en la entidad gobernada por José Rosas Aispuro Torres. “Ahora hay que cuidar los resultados e inhibir que nos quieran arrebatar en la mesa los triunfos de nuestros candidatos”, definió Mariana Gómez del Campo, quien fungió como delegada del CEN en aquella entidad.

Aguascalientes y Tamaulipas. “Las estructuras electorales del PRI se rentaron a los gobernadores panistas”, explica un experimentado operador electoral del tricolor, “y eso permitió derrotar a la maquinaria monrealista desplegada en esas entidades”.

Los gobernadores, a la defensa de los bastiones del blanquiazul. Alejados del CEN, quien dejó la articulación de las estructuras electorales al diputado federal Armando Tejeda Cid, quien volcó sus esfuerzos a Puebla y Baja California. La estrategia estuvo a cargo del veracruzano Daniel Vázquez García y el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva.

La cúpula panista rápidamente asimiló las enseñanzas de esta reciente experiencia electoral: prevalece el desencanto ciudadano con los políticos —así lo confirman los altos índices de abstencionismo— y Morena no es invencible. Los resultados favorables en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas así lo confirmarían.

Paradojas del sistema electoral mexicano: los alcaldes que buscaban reelegirse y fueron derrotados ni siquiera esperaron a que concluyera el conteo oficial de los votos para reincorporarse a sus funciones administrativas mientras fenece su trienio. Tal es el caso del primer edil de Durango, José Ramón Enríquez, quien dentro de 90 días podrá regresar al Senado de la República.

Otros munícipes que fracasaron en su intento de reelegirse son los alcaldes de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, y de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez.

EFECTOS SECUNDARIOS

SOLIDARIOS. El IFT acaba de cerrar una consulta pública sobre las medidas regulatorias especiales que aplica a América Móvil por su preponderancia en el sector de las telecomunicaciones. En la víspera, los trabajadores sindicalizados de Teléfonos de México amagaron con irse a huelga fallida, en franca resistencia a la separación funcional. Y más recientemente están las advertencias públicas de que para expandir el Internet en el país, necesita que le autoricen otro servicio. Esto es equivalente a decir: denme a ganar más dinero y poder sobre el consumidor, y luego les invierto. Pero eso sí, su solidaridad con el gobierno a morir. En la consulta fueron múltiples las quejas sobre las maniobras del operador preponderante para no cumplir con las reglas y obstaculizar una sana competencia, al bloquear o encarecer el acceso a su infraestructura. Más de 80% de las opiniones que se presentaron considera que si se le da un nuevo servicio a América Móvil, se comerá a los competidores y secuestrará los precios para afectar a los consumidores. ¿Y cuándo se pondrán las pilas los comisionados del órgano autónomo? Se requieren medidas más efectivas que permitan que la competencia avance, que los servicios de telecomunicaciones en el país crezcan, pero con calidad y a precios accesibles. ¿Dar un servicio más al preponderante ayudaría a cerrar la brecha digital o ampliaría la brecha de acceso a servicios de telecomunicaciones entre los consumidores mexicanos?

¿VETADO? Sin caer en provocaciones y en espera de atender cualquier requerimiento de las instancias que indagarán sus ligas con la red de empresas que vende medicamentos a gobiernos estatales, el delegado de los programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, tendrá que coordinar esfuerzos con la administración estatal para auxiliar a las comunidades del municipio de San Gabriel, afectadas por el desbordamiento del Río Apango. El aluvión dejó más de 10,000 tapatíos sin energía eléctrica, lo que forzó a instalar una planta de luz de emergencia de la CFE. El gobernador Enrique Alfaro necesitará el respaldo del gobierno federal para resolver el desabasto de agua potable y reconstruir cuatro puentes que resultaron con daño estructural. Y ambas instancias deberán atender el problema de fondo: la tala clandestina, propiciada por proliferación de los cultivos aguacateros.