¿Vladimir Putin en Almoloya?

No se puede confundir la libre determinación de los pueblos con la rebeldía de no responder a las obligaciones internacionales que tiene el país.

México ha firmado a lo largo de su historia diferentes acuerdos y compromisos internacionales que le otorgan derechos y obligaciones que forman parte de su identidad global.

Así por ejemplo, México acogió en 1981 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que adoptó la Organización de las Naciones Unidas desde 1966.

Justo en ese pacto se establece la libre determinación de los pueblos, pero también la protección de las garantías individuales, el derecho a la información, a la vida privada y demás.

Está, por supuesto, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá que no habla de la necesidad de organismos autónomos, pero sí de dar garantías para una libre competencia económica, para la protección a las inversiones, a una reglamentación transparente, obligaciones totalmente contrarias a muchas de las contrarreformas constitucionales que pretende López Obrador.

Y bajo esos mismos principios internacionales que México ha firmado de manera libre, este régimen puede jugar al Tío Lolo y no condenar el fraude electoral y la represión del dictador venezolano, Nicolás Maduro, pero no puede invitar como si nada al autócrata ruso, Vladimir Putin, a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum.

Bueno, nada impide al régimen populista de Andrés Manuel López Obrador invitar a su fiesta de toma de posesión, porque seguro lo ve como su fiesta, a los más impresentables dirigentes del mundo, pero no habría manera de que el Presidente ruso pudiera aceptar una invitación así cuando el derecho internacional marca que México estaría obligado a detenerlo y encarcelarlo.

Vladimir Putin tiene una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por la comisión de diferentes crímenes de guerra tras su invasión a Ucrania, está acusado de haber deportado de forma ilegal a cientos de niños ucranianos tras su ataque al país europeo.

Evidentemente que esa orden de arresto no se puede cumplimentar en Moscú, pero sí debería ejecutarse en un país como México, que en el 2005 firmó el Estatuto de Roma que indica que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal en contra de los responsables de crímenes internacionales, como Putin.

No hacerlo implicaría una violación de México a sus obligaciones con ese organismo internacional y, sobre todo, un serio diferendo con el gobierno de Estados Unidos que lo tomaría como una falta mayúscula en la relación bilateral.

Es un hecho que Putin no va a venir a México, por más que su camarada López Obrador le quiera dar garantías, por más que el Presidente saliente ya paseó tropas rusas en pleno desfile del Día de la Independencia del año pasado.

La invitación a los gobernantes de “todas las naciones del mundo”, incluido Putin, ya llegó a los titulares de muchos medios de Estados Unidos y ciertamente no cae bien el desplante de la siguiente administración.

Esta invitación del gobierno mexicano a Putin, que una agencia rusa se encargó de divulgar, no se asume como una novatada diplomática de los que llegan, sino como un claro manifiesto del régimen instaurado ahora en México.