Viviendas, en riesgo

Para bien y para mal, Ciudad Juárez irrumpió en la escena global, hace dos décadas. Tras de la firma del TLC, se convirtió en un boyante centro maquilador. Y junto con Tijuana, era la urbe preferida por los migrantes.

La expansión de la mancha urbana fue inevitable en aquella urbe chihuahuense, donde una importante comunidad de origen veracruzano decidió radicarse, no obstante de la oleada de feminicidios. La presencia del Cártel del Golfo tampoco detuvo a los desarrolladores inmobiliarios.

Al sur del aeropuerto de aquella ciudad fronteriza creció El Barreal, una zona en la que se edificaron 88 unidades habitacionales y en la que periódicamente se registran inundaciones, por escurrimientos pluviales en esa cuenca hidrológica que distingue por ser endorreica (sin desagüe al mar) y por ende, los escurrimientos de tipo intermitente convergen en una zona baja definida como Laguna de Patos.

No obstante de los eventos ocurridos entre 2006-2008 y en el 2016, cuando se presentaron precipitaciones extraordinarias, las autoridades locales nunca aceptaron corregir los planes municipales de desarrollo urbano y permitieron la construcción intensiva de vivienda y parques industriales. En la cuenca de El Barreal, el Infonavit otorgó 232,000 créditos, desde 1997 hasta el año pasado.

Además de las condiciones adversas del lugar hay colmatación —la acumulación de materiales arrastrados y depositados por el agua— de estructuras de infiltración en algunos de los vasos de contención de cada desarrollo o fraccionamiento localizado en El Barreal. En estos años, no se han ejecutado ni mantenido las obras de infraestructura necesarias para mitigar los riesgos de inundaciones por parte de las autoridades competentes o los desarrolladores inmobiliarios.

Tras cada desbordamiento, los desarrolladores ofrecían ejecutar obras hidráulicas y de mitigación que nunca —ahora se sabe— fueron completadas en su totalidad y adecuadamente porque nunca se aportaron los recursos para la ejecución de las mismas. Un estudio hidrológico e hidráulico de la cuenca de El Barreal, encargado por el Infonavit a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que fue validado por el Cenapred, identificó 83 polígonos con viviendas ubicados en zonas de riesgo medio, alto y muy alto.

Los resultados de los estudios fueron remitidos al gobernador Javier Corral Jurado y a la entonces delegada de Sedatu, Lucía Chavira Acosta, y de la Conagua, Kamel Athié Flores. Y la directiva del instituto fue mandatada por su consejo de administración para vincularse “a la brevedad” con los desarrolladores responsables y promotores inmobiliarios para definir las obras de mitigación necesarias para evitar la catástrofe pronosticada, según consta en la resolución RCA6524-05/18.

A partir de entonces —el pasado 6 de junio del 2018— el Infonavit comenzó con un frenético esfuerzo para regularizar la situación. El Infonavit revirtió las adjudicaciones por subasta de viviendas recuperadas en la Cuenca de El Barreal, reintegrando las inversiones correspondientes a los adjudicatarios. El instituto, en diversos oficios, solicitó al municipio de Ciudad Juárez que informara sobre las restricciones, exigencias o gestiones impuestas en las autorizaciones o permisos respectivos a los desarrolladores de vivienda en materia de obras de mitigación por inundaciones en El Barreal, así como el cumplimiento o avance, conservación o mantenimiento de dichas obras de mitigación y las que faltan de realizar a cargo de esos desarrolladores, sin que, hacia agosto del 2018, la autoridad municipal haya dado respuesta directa y completa.

El Infonavit decidió compartir con los desarrolladores el estudio avalado por el Cenapred y advertirles de su situación particular dentro de la cuenca de El Barreal. Y convocó a Grupo Sadasi, Construcciones Ariye, Yvasa, Urbi y Grupo Ruba. La seguridad de las viviendas que los desarrolladores edificaron en la cuenca de El Barreal era una prioridad.

Para minimizar la afectación a los inversionistas y no poner en riesgo a los compradores, resolvió que de las 1,204 viviendas recuperadas identificadas en zona de riesgo de inundación, 305 identificadas con contrato de subastas y macrosubastas fueron dadas de baja para regresar al inventario del instituto y las otras 899 viviendas no se comercializarán.

EFECTOS SECUNDARIOS

ACUMULACIONES. La Junta de Gobierno del Inegi quedó al borde de la inoperatividad, con la extinción del mandato de Mario Palma Rojo, el pasado 31 de diciembre. Esa ausencia se suma a la vacante que dejó —por renuncia— Rolando Ocampo Alcántar hace 10 meses, lo que obliga al Ejecutivo federal a proponer dos aspirantes a ocupar sendas vicepresidencias en ese organismo autónomo. Pero antes, en el Senado de la República deberán ratificar al nuevo fiscal general de la República y al comisionado faltante en el INAI. También está vacante la presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

DESAFÍO. Con el arranque del 2019 entraron en funciones las nuevas administraciones municipales en los 125 ayuntamientos del Estado de México. La entrante administración de Atizapán de Zaragoza, encabezada por Ruth Olvera Nieto, recibe un municipio con pésimas finanzas; para sacar este enorme reto adelante se decidió a nombrar un equipo con probada experiencia en la tesorería, encabezado por Fernando Reina Iglesias, excoordinador de delegados federales de la Profepa y experto en finanzas públicas y reestructura de deuda. Solamente a Banobras, el gobierno atizapense le debe más de 400 millones y en pasivos otros 400 millones, a dos días de su arranque ya tiene comprometidos 800 millones de un presupuesto de 2,590 millones.