A pesar de la denuncia y la condena generalizada a las “faltas a la moral pública”, según describió el subsecretario Hugo López-Gatell, no hubo sanción por parte de instancias estatales o federales
Bañón es el nombre con el que se conoce a González Ortega, la segunda comunidad más poblada en Villa de Cos, municipio zacatecano colindante con San Luis Potosí. En el catálogo de la Secretaría del Bienestar, con sus 5,000 habitantes, figura entre las localidades con marginación muy alta y alta.
El clima semidesértico permite a sus pobladores cultivar chile, ajo y frijol. Hace una década, la entonces gobernadora Amalia García Medina quiso atraer inversionistas para llenar esos campos con invernaderos y aprovechar la autopista, de cuatro carriles, que acortó a 60 minutos el trayecto por carretera entre la capital y Villa de Cos.
El Chupadero, El Rucio y Chaparrosa son las otras localidades “grandes” y junto con la cabecera municipal, albergan 25,000 zacatecanos, de los cuales al menos una tercera parte son mayores de 60 años.
El pasado lunes 15, muy temprano, llegaron a Bañón medio millar de vacunas contra la Covid-19 de AstraZeneca. La brigada Correcaminos se instaló en el centro de salud comunitario para esperar a los viejitos, pero apenas llegó un centenar esa primera jornada.
Al día siguiente fueron despachadas 400 dosis y quedaba la mitad a las 16:00 horas. Entonces —según consigna en el acta de hechos— al centro de vacunación se apersonó Edna López, coordinadora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la entidad, quien “dio la indicación de que se diera acceso a habitantes ajenos al área de responsabilidad, argumentando que no se puede negar la vacuna si el frasco ya estaba abierto”.
Dos hora antes —ahora se sabe— una docena de camionetas de lujo había partido del municipio de Guadalupe. En la caravana iban 33 adultos mayores que acreditaron su residencia en la entidad con su credencial de elector; entre ellos una tía del gobernador Alejandro Tello y su esposo; una prima del exgobernador Miguel Alonso Reyes y un hermano del exgobernador Genaro Borrego Estrada.
El resto —describieron los medios locales— también son integrantes de familias vinculadas a la política y actividades empresariales. “Estuvieron planeando su visita mediante WhatsApp y en su círculo tienen la intención de irrumpir mañana en otras jornadas de vacunación en localidades vulnerables”.
Ante la resistencia del personal de la célula de vacunación, la funcionaria de la STPS —hija del excandidato panista a la gubernatura, Francisco López— dijo que seguía indicaciones de la delegada del IMSS en la entidad, Sandra Durán Vázquez. En primera instancia, los Correcaminos reportaron los hechos a Viridiana Chávez, jefa de la jurisdicción sanitaria 07; levantaron la minuta y solicitaron a la coordinadora de Jóvenes Construyendo el Futuro que la firmara, sin éxito.
Una hora después, la caravana dejó Bañón. Y la jornada de vacunación concluyó, con apenas un remanente de tres frascos no utilizados porque no había a quién aplicar las dosis.
El acta de hechos fue retomada de las redes sociales por comunicadores zacatecanos —entre ellos Francisco Elizondo, de Televisa—, pero sus denuncias fueron desestimadas por la coordinadora de los programas federales en Zacatecas, Verónica Díaz Robles.
“Como coadyuvantes de esta política de salud pública, estamos impedidos para negar la atención a los adultos mayores que acuden a los centros de vacunación y que cumplen con el único requisito para acceder a la vacuna, que es tener 60 años cumplidos”, respondió a los denunciantes a quienes fustigó por creerse “poseedores de la verdad” y propiciar un “linchamiento perverso”.
Diputada local con licencia, Díaz Robles es la jefa de Edna López, quien buscó la alcaldía de Villa de Coss hace tres años, postulada por Morena. Ambas son amigas de la primera dama de aquella entidad, Cristina Rodríguez de Tello, quien sobre los hechos ha guardado prudente silencio, lo mismo que David Monreal, cuñado de la superdelegada.
A pesar de la denuncia y la condena generalizada a las “faltas a la moral pública”, según describió el subsecretario Hugo López-Gatell, no hubo sanción por parte de instancias estatales o federales.
Efectos secundarios
RECUPERACIÓN. Grupo Televisa pudo sobreponerse a la crisis ocasionada por por el Covid 19, de acuerdo al reporte de sus finanzas, correspondiente al cuarto trimestre del 2020. Su segmento de cable creció 1.4 millones a nivel de suscriptores, además aumentó sus ventas anuales en este rubro en 8.8% con respecto al 2019. Y lo más importante: creció su audiencia 20.1%, de lunes a viernes, entre las 16:30 y las 23 horas. Desde mediados del año pasado, su directiva puso en marcha la estrategia #TelevisaTeAcompaña, que permitió ofrecer una multiplicidad de contenidos a la teleaudiencia durante el confinamiento. La utilidad anual creció 6.2% con respecto al 2019, y las ventas por publicidad en el cuarto trimestre del 2020 fueron de 6,628.1 millones de pesos, relativamente similares a los 6,620.6 millones de igual periodo en el 2019, lo que muestra una recuperación de sus clientes del sector privado. Lo que viene para este año es difícil de prever en todo el mundo, no se diga en México, y ante este escenario es previsible que superen esta adversidad las empresas que tengan el potencial financiero, la mejor estrategia de desarrollo y desde luego experiencia.
FRENÓN. El Tren Interurbano Tijuana-Tecate fue asignado al consorcio integrado por Citcocomex Group, FMI Proyects y CocoMex USA Llc a finales del año pasado, pero al revisar el proceso de licitación, la SCT detectó documentos apócrifos que acreditaron la especialidad y experiencia requerida en la propuesta técnica y en la operación de trenes. Ahora, habrá que esperar el veredicto final, pues se contempla la prestación de servicios en apoyo técnico y operativo por 30 años, pero hasta el momento el contrato está pendiente de firma.
ALTERNATIVOS. El senador Germán Martínez Cázares públicamente se manifestó en contra de convertir al IFT en “un ministerio de la verdad” pero validó la necesidad de regular a las redes sociales, que se han convertido en templos de la publicidad y abuso. Ante la iniciativa de Ricardo Monreal para normarlas, planteó un esquema híbrido: el establecimiento de un marco normativo y simultáneamente el cumplimiento de obligaciones autoimpuestas por las empresas del ramo.
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