En fin, que hasta ahora la Reforma Electoral solo augura oscuros tiempos para la democracia
RICARDO MONREAL,
LIDER DE MORENA,
CÁMARA DE DIPUTADOS:
¿Qué le habrá dicho Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, al líder del PT, Alberto Anaya, como para que en menos de 24 horas cambiara la postura partidista acerca de la Reforma Electoral (RE)? Como usted sabe, el viernes pasado, el coordinador petista Reginaldo Sandoval había manifestado su inconformidad hacia la RE, así como su negativa a considerar como interlocutor válido al senador morenista Adán Augusto López, solo para que un día después Anaya se echara a los brazos de la 4T.
Algo similar ocurrió con el Partido Verde Ecologista de México. Sus dirigentes, empezando por la lideresa Karen Castrejón y los líderes parlamentarios verdes, no solo manifestaron su rechazo a la Reforma, sino a la manera en que se había desarrollado el documento en la Comisión Presidencial de lo cual los verdes se sentían marginados. Y, casualmente, para el sábado Manuel Velasco declaró que su partido acompañaría la iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum.
Hay varias posibles explicaciones al giro dado por los aliados de MORENA, cuyos votos son indispensables para sacar adelante la Reforma Electoral; poniéndonos a imaginar se tendría que: 1) el gobierno tuviera negros expedientes sobre figuras dentro de estos partidos; 2) la bolsa de 894 millones de pesos a cargo de don Adán Augusto está disponible para comprar lo que sea necesario; 3) disminuir la competencia morenista en las elecciones por gubernaturas para conceder los triunfos al PT y al PVEM; 4) todas las anteriores.
Y no es que uno sea malpensado, es simplemente que la eliminación de 100 plurinominales -como al parecer viene la propuesta presidencial- sería un suicidio para los partidos aliados a la 4T. Menos pastel que repartir, de tal suerte que las alianzas llegarían a ser innecesarias e irrelevantes para MORENA.
Por otra parte, ha trascendido que la propuesta incluye la disminución del 25% en las prerrogativas políticas durante los años con elecciones y dejarlas en cero durante años no electorales. De ser cierto, este planteamiento implicaría que los partidos tendrían que buscar entre la sociedad y el sector privado fondos para financiar sus actividades. Sin embargo, se vislumbraría como peligrosísimo para la vida política y la seguridad del país, pues significaría abrir la puerta a dineros ilícitos en los partidos.
Por cierto, en el Propuesta de Mejora en Materia Electoral, que el INE presentó hace unos días a la Comisión Presidencial, se indica que “el financiamiento público ordinario es indispensable para mantener las actividades permanentes de los partidos políticos y puedan cumplir con el mandato constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público”.
Ahora bien, si los partidos no cumplen con tales mandatos, reducir el gasto en prerrogativas no soluciona EL problema; la solución estaría en la fiscalización. No solo me refiero a que comprueben la erogación de cada peso, sino que dichas erogaciones correspondan a programas y actividades a través de las cuales los partidos verdaderamente cumplan con los mandatos.
Y volviendo, don Ricardo, al punto de los dineros o aportaciones que los partidos reciben de personas y entes privados, el INE manifiesta una seria preocupación para detectar y fiscalizar las donaciones en efectivo. El Instituto aboga en su Propuesta por un sistema nacional de fiscalización, mediante el cual sea posible rastrear los recursos y en el cual participen otras dependencias como el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de Hacienda. Y, por supuesto, solicita que las sanciones sean mayores y se apliquen con más rigor.
El INE va un paso más allá en sus planteamientos sobre la fiscalización, aunque de manera discreta. El Instituto solicita que en la Ley Electoral “se integre un marco legal que permita auditar activos virtuales”. Estos últimos son criptomonedas, instrumento favorito del crimen organizado para lavar y mover sus recursos de procedencia ilícita.
Casi apostaría que la Reforma Electoral no está contemplando todos estos riesgos.
Por último, don Ricardo, me sorprendió mucho la declaración de nuestra presidenta en la que se refiere a que se mantendría la autonomía del INE, pero que fuera “razonable”. La autonomía se tiene o no se tiene, no hay medias tintas. No se trata de un adolescente al cual se le va soltando la rienda para ver cómo se va incorporando a la vida adulta. Estamos hablando de una institución que a lo largo de sus 30 años solo nos ha dado buenos resultados.
En fin, que hasta ahora la Reforma Electoral solo augura oscuros tiempos para la democracia.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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