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Admirable y, al mismo tiempo, sorprendente la capacidad de respuesta y la rapidez de muchos gobiernos de la región (también de algunos extra regionales) para condenar el inédito, injustificable y muy grave asalto a la embajada mexicana en abierta violación del artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Es una seria violación que merece una condena oportuna, clara y firme ya que de lo contrario podría servir, en el futuro, de peligroso antecedente para violaciones similares en otros países.

Tampoco es admisible, invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. No hay manera de justificar un asalto de estas características a una sede diplomática.

Hasta aquí mi coincidencia es total con aquellos que condenan esta grave violación del artículo 22 de la Convención de Viena de 1961.

Pero esta crisis, como toda crisis, debe ser bien aprovechada (como recordaba Churchill) para abrir un profundo y riguroso proceso de reflexión sobre este tema y otros conexos.

El primero, ojalá muchos de estos gobiernos tuviesen el mismo compromiso y celeridad para denunciar, de manera tan categórica, clara y abierta, las graves violaciones a la convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José), a los principios y artículos de la Carta Democrática Interamericana así como la grosera manipulación de los procesos electorales. Ojalá estos gobiernos actuaran, con la misma determinación y energía, a la hora de defender la democracia en nuestra región en lugar de esconderse detrás de sus silencios cómplices o del tibio lenguaje diplomático de sus comunicados, bajo el pretexto de una falsa solidaridad latinoamericana o bajo la excusa de no intervenir en los asuntos internos de otros países “hermanos”. Ojalá estos mismos gobiernos decidieran unir sus esfuerzos para poner fin a la vergonzosa impunidad con que actúan varios gobiernos de nuestra región en contra de los derechos humanos, las elecciones libres y la democracia. No vale defender una parte del Derecho Internacional Público (cuando nos beneficia) y violar, consentir o callar cuando se violan otras normas del DIP, o del derecho internacional de los derechos humanos, o en materia de elecciones o en el ámbito de la defensa de la democracia.

No deja de sorprender, y en mi caso de irritar, ver a dictaduras como la cubana, la venezolana y la nicaragüense, entre otras, rasgarse las vestiduras frente a la violación de la Convención de Viena de 1961, cuando estas mismas dictaduras violan diariamente y con total descaro e impunidad numerosas otras convenciones y tratados internacionales, como lo demuestran sus cárceles llenas de presos políticos y tortura, sus constantes violaciones a los derechos humanos, sus detenciones arbitrarias, sus persecuciones y acoso a la prensa libre y a los activistas sociales así como las groseras manipulaciones a las que someten a los procesos electorales hasta convertirlos en farsas electorales carente de toda legitimidad y credibilidad.

Es asombroso ver el descarado cinismo de Maduro, Ortega y Díaz Canel, entre otros dictadores de esta región, miembros plenos de CELAC, defender con tanta elocuencia el respeto al derecho internacional público cuando ellos lo viven pisoteando en sus propios países.

El segundo aspecto a considerar, durante el necesario y urgente debate que tendrá lugar en el seno de la OEA y de la CELAC esta semana, es acerca del uso correcto de la figura del asilo político y diplomático a la luz de los artículos 1 de la convención de Montevideo de 1933 y del artículo 3 de la de Caracas de 1954. Ambas convenciones prohíben expresamente el asilo para casos de delitos comunes.

Además del caso de Jorge Glas en el Ecuador valdría la pena analizar en detalle el asilo concedido por la dictadura nicaragüense al expresidente Ricardo Martinelli en Panamá quien, en abierta violación a dichas normas, continúa participando activamente en la campaña electoral en favor de su candidato presidencial, Mulino, de cara a las elecciones generales del 5 de mayo; violación en la que incurre no solo Martinelli sino la propia dictadura nicaragüense, quien pese a los reiterados y acertados pedidos que el MRE de Panamá ha formulado, sigue haciendo caso omiso a las obligaciones que le corresponden como país asilante.

La importantísima figura del asilo político (tan central en la historia latinoamericana, ya que fue precisamente en nuestra región donde se originó) no puede verse desnaturalizada para convertirse en un recurso al servicio de delincuentes comunes que para evadir la justicia y el cumplimiento de sus condenas, reitero, por causas de delitos comunes, busquen refugio en las embajadas de aquellos países dispuestos a prestarse a estos abusos. Hay que distinguir muy bien entre personas que son perseguidas políticas y personas que son delincuentes comunes y sobre los cuales existen sentencias en firme.

Tanto Glas como Martinelli califican dentro de esta última categoría. Y ambas convenciones, tanto la de Montevideo como la de Caracas, son claras en este sentido: el asilo no corresponde a personas acusadas y condenadas por delitos comunes.
Es asimismo importante agregar que el asilo político no puede ser utilizado para burlar la lucha contra la corrupción en abierta violación a los compromisos asumidos por los Estados tanto en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y en el compromiso adoptado durante la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en Lima, Perú en abril de 2018 sobre el tema “La gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.

Otorgarle el asilo a delincuentes acusados y condenados por delitos de corrupción, respecto de los cuales existe sentencia en firme, debilita la lucha en contra de la corrupción. En el caso de Glas, este tiene dos sentencias en firme por asociación ilícita y cohecho agravado. En el caso de Martinelli tiene una sentencia en firme que le impone una condena de prisión por 128 meses por blanqueo de capitales.

Resumiendo: el asalto a la embajada de México es una violación grave y debe ser condenada.

Pero sin que sirva de excusa -ya que no hay manera de justificar la violación del citado artículo 22- está crisis diplomática debe abrir la puerta para debatir, de manera rigurosa y de buena fe, todos los otros aspectos que hemos mencionado más arriba.
También es un momento propicio para hacer un llamado a retomar el compromiso y el consenso regional en defensa de los derechos humanos, las elecciones con integridad y la democracia en los términos de la Carta Democrática Interamericana. Y de denunciar sin ambages aquellos regímenes que actualmente manipulan groseramente las reglas de juego y utilizan los organismos electorales y el aparato represor del Estado para organizar procesos electorales sin las mínimas garantías de transparencia, equidad, libertad e integridad. La farsa electoral nicaragüense de noviembre de 2021 y la reciente manipulación del proceso de inscripción de candidaturas presidenciales en Venezuela son dos ejemplos de este fenómeno. Hay que volver a trazar líneas rojas entre los que está permitido y lo que no lo está, lo que está acorde a derecho y lo que es una grosera violación a la Carta Democrática Interamericana, en definitiva, hay que poner fin a la impunidad que vienen gozando varios regímenes de la región.

Igualmente, la oportunidad es propicia para detener el proceso de degradación que está teniendo lugar en materia de la convivencia entre algunos países latinoamericanos como consecuencia del intercambio de agravios entre varios presidentes de la región. Urge restablecer un nivel de comunicación basado en la madurez, el respeto, la responsabilidad y profesionalismo que se deriva de tan alto cargo, y el uso cuidadoso de las palabras. Hay que poner fin al espectáculo lamentable que venimos observando en los últimos meses caracterizado por conflictos y descalificaciones personales entre algunos presidentes de América latina que erosionan la confianza y dificultan el diálogo político entre ellos, afectan tanto a los países como a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, debilitan aún más los frágiles niveles de integración regional. Es necesario, asimismo, ayudar a Ecuador y México a encontrar una solución rápida y negociada de esta crisis a través de los canales de la diplomacia profesional; canales que nunca debieron cerrarse.
Volviendo al consejo de Churchill de nunca desaprovechar una crisis. A esta le llegó su hora y hay que sacarle provecho.

@zovatto55