Cada sexenio al sector empresarial le han dorado la píldora con eso de tener una política industrial. De entrada, cada quien entiende como quiere eso de tener un fomento específico para las actividades industriales. Cada gobierno ha presentado sus enunciados de política industrial, e invariablemente se ha dado la queja de los empresarios de que … Continued
Cada sexenio al sector empresarial le han dorado la píldora con eso de tener una política industrial. De entrada, cada quien entiende como quiere eso de tener un fomento específico para las actividades industriales. Cada gobierno ha presentado sus enunciados de política industrial, e invariablemente se ha dado la queja de los empresarios de que no se cumplen.
El gobierno actual no esconde su añoranza por aquellos viejos modelos de posguerra cuando la política era la sustitución de importaciones. En aquellos años del desarrollo estabilizador, la economía mexicana era cerrada y su mercado interno se tenía que conformar con los pocos productos, muchos de muy mala calidad, que se producían en México.
La apertura comercial de México, desde finales de los años 80 y que tuvo su momento cumbre con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1995, implicó un cambio de modelo para la economía mexicana.
Los sectores industriales que vivían en la comodidad del mercado cerrado reclamaron entonces la ausencia de una política industrial, sin darse cuenta de que la apertura comercial era justamente eso: un modelo de promoción a la industria mexicana, no sin su necesaria especialización y depuración.
Le atribuyen al secretario de Comercio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Jaime Serra Puche, la frase aquella de que la mejor política industrial es la que no existe. La verdad es que esa frase es del posfranquismo español, cuando la dictadura había hecho pedazos a ese país y lo mejor era deshacerse de esas viejas políticas económicas del dictador.
El punto es que ahora la 4T regresa con el discurso de la política industrial, y claro que logra el aplauso de los dirigentes empresariales. Primero, porque ya vieron que la oposición al régimen puede salir muy cara, y, segundo, porque la verdad es que el decálogo que presenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador suena bien bonito.
Promover más competencia económica, impulsar la mejora regulatoria, fomentar el financiamiento o incentivar proyectos industriales. Todos estos enunciados merecen una ovación de pie por parte de cualquier empresario y de cualquier mexicano.
Pero el temor es que no pase de ser una simple buena intención que no se respalde en los hechos.
Por ejemplo, la estrategia de desarrollo de la 4T quiere sustituir importaciones, pero al mismo tiempo aprovechar la apertura comercial para vender los productos mexicanos, lo cual es contradictorio.
Pero hay otros enunciados que chocan de frente con la realidad nacional. Dice el punto cuatro del planteamiento que se busca generar un entorno amigable de negocios que dé certidumbre y atraiga inversiones. ¡Seguro que cancelando aeropuertos, pretendiendo regular comisiones bancarias y suspendiendo licitaciones energéticas se puede lograr!
¿Qué tal la promesa de impulsar la infraestructura de calidad? No hay duda de que están pensando en el Tren Maya, la refinería de Tabasco o el aeropuerto de Santa Lucía.
Tampoco tiene desperdicio aquello de propiciar la economía de la salud, cuando no hay medicinas para los niños con cáncer, insecticidas para frenar el dengue o antirretrovirales, sin contar la falta de médicos y enfermeras en el sector salud.
En fin, una larga lista de enunciados que chocan de frente con la realidad y que hacen de esto una buena intención que será difícil cumplir.
Seguro que a los industriales y al resto de los inversionistas les bastaría con que les prometan seguridad pública, Estado de Derecho y respeto a las leyes vigentes para darles la mejor política industrial de sus vidas.
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