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Con la elección de Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN se advierte una nueva era en la Corte. Sus posiciones y decisiones ya dejaron huella en la institución. Su visión sobre el papel de este órgano principal del Poder Judicial Federal apunta hacia un cambio de fondo en la institución.

El ministro Zaldívar ha dicho que la SCJN debe atender el mensaje expresado en las urnas porque, para ser fuerte y eficaz, requiere una legitimidad de la que hoy carecen las instituciones del país. De ahí su actitud autocrítica y su apoyo al retiro de privilegios, al combate de la corrupción y al destierro del nepotismo en el PJF.

El cambio de fondo es el desprendimiento de aplicaciones literales del texto constitucional en favor de interpretaciones más amplias y transformadoras. Su planteamiento sobre la imputación de responsabilidades políticas, más allá de las estrictamente jurídicas (caso ABC); su entendimiento del debido proceso (Florence Cassez) o su posición respecto del desarrollo de la personalidad como una libertad constitucionalmente tutelada (uso lúdico de la mariguana) son expresiones de esa lógica.

Es difícil reducir esta visión a un solo valor o principio, pero pienso que en el centro está la primacía de la dignidad humana. Este anclaje está bien desarrollado en su defensa del uso lúdico de la mariguana: el respeto a la dignidad de las personas exige que se reconozca su autonomía para decidir.

Creo que para el ministro Zaldívar, las libertades, lo mismo que la igualdad y la justicia, trascienden el texto constitucional y se arraigan en la inherente dignidad de las personas.

Si cada quien puede decidir lo que más le conviene; si los derechos procesales son respetados; si todos tenemos los mismos derechos al margen de preferencias sexuales; si los derechos de los menores son tutelados; si el poder es acotado, y si los derechos sociales y económicos se amplían, todo ello deriva, en buena medida, de la centralidad del valor de la dignidad humana.

Esta visión rompe con la tradición dominante en la interpretación constitucional dentro del Poder Judicial y puede conducir a un replanteamiento radical de su función en la impartición de justicia.