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Cuando el Presidente saliente se montó en una mayoría legislativa que no le pertenece para sacar adelante sus reformas constitucionales vengativas, en especial las modificaciones que propone al Poder Judicial, la respuesta de la virtual Presidenta electa fue recordar que en la Secretaría de Hacienda se quedaba Rogelio Ramírez de la O.

Hasta antes del hecho de que Andrés Manuel López Obrador usaría la eventual mayoría calificada para desarticular la fuerza autónoma del Poder Judicial, efectivamente, el tema en los mercados era quién se encargaría y de qué forma de desactivar la bomba financiera que el excesivo gasto y endeudamiento del último año de este gobierno había encendido.

Hasta ahí era impecable la lógica de dejar para apagar el incendio al que recibió la instrucción de provocarlo.

Pero la preocupación de los mercados ya va mucho más allá de los desequilibrios fiscales, incluso de la delicada situación financiera de Petróleos Mexicanos y de la eventualidad de una degradación crediticia de México por esos problemas que heredará la administración de López Obrador.

Repentinamente se volvió real la amenaza autocrática del régimen de López Obrador que no tenía las herramientas legales para acabar de mandar al diablo a las instituciones.

Es un hecho que la campaña fue suya, la estrategia de usar los recursos del Estado, presupuesto y propaganda, son de su hechura, pero los votos fueron para su candidata Claudia Sheinbaum.

Esta semana, cuando la virtual Presidenta electa presente a su gabinete, podrá quedar más claro si tiene realmente planes de tomar el poder y ejercerlo con su estilo o si no podrá en ningún momento zafarse de su papel de corcholata.

Por lo pronto, la atención real de los mercados, de Estados Unidos, de los inversionistas de todos los tamaños, estará en el proceso legislativo de la reforma constitucional del Poder Judicial.

Las encuestas pagadas por Morena, los foros que son sólo para oír no para debatir, el diálogo “de mucha apertura” en el Congreso de la Unión que anuncian los legisladores oficialistas son más de lo mismo que ya conocemos en las discusiones de las iniciativas de López Obrador. Al final no se les cambia ni una coma.

La única expectativa es que específicamente esta iniciativa de cambio constitucional que afectará al poder Judicial pueda contar con la visión del equipo que llega para que matice los rencores ahí plasmados de quien debe entregar la banda presidencial en 105 días.

Puede ser solamente una ciega, ingenua, última esperanza de que, a pesar de que se trata de una continuidad del régimen actual, sí haya diferencias en las motivaciones y en las percepciones entre los dos Presidentes, el que se va y la que llega.

Puede ser por eso que la virtual Presidenta electa mantenga su ruta de planeación fiscal y energética como si la reforma constitucional que viene para el Poder Judicial pudiera resultar no tan destructiva como la planea López Obrador.

O simplemente es mantener la visión de que en los mercados sólo hay un cónclave de chantajistas que quieren impedir la transformación, y la reforma al Poder Judicial va al costo que sea con el aval de los dos Presidentes.