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Una evaluación ciudadana sobre gobernadoras arrojó que Rocío Nahle se ubica en la cuarta posición de gobernadoras con mejor desempeño
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Trump consideró como inaceptable el potencial nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán
Nacional Sheinbaum exige a EE.UU. investigación “exhaustiva” tras muerte de mexicano bajo custodia del ICE
La presidenta Sheinbaum reaccionó a la muerte de un migrante mexicano que se encontraba bajo custodio del ICE en California
Internacional Israel recupera cierta normalidad durante el sexto día de guerra con Irán
Autoridades de Israel ya autorizan reuniones de hasta 50 personas, en tanto que ya se reanudó el trabajo presencial y reabren negocios

Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos

Octavio Paz

La normalidad democrática construida progresivamente con la aportación de muchas voluntades, lo mismo partidos que autoridades y sociedad civil, vive condiciones de excepción. Por primera vez, después de décadas con procesos marcados por la regularidad electoral, el país transita hacia la regresión democrática. Mucho de lo que se consideraba superado, regresa por la puerta grande y a la vista de todos.

Son dos las grandes amenazas al proceso democrático. La primera viene desde la misma presidencia de la República. Que las autoridades no interfirieran en la elección fue una larga exigencia para lograr resultados convincentes a partir de una contienda justa y equitativa. La parcialidad de autoridades afecta gravemente sobre todo si, como ocurre ahora, viene desde la más elevada oficina pública; y no sólo son palabras —en sí mismas ilegales—, también se proyecta al uso de recursos humanos y financieros al servicio del partido en el poder. El uso electoral de los programas sociales por parte de los encargados en territorio compromete la legalidad de la elección y la legitimidad de sus resultados.

La segunda amenaza la representa el crimen organizado. Son amplios los territorios en los que los delincuentes no sólo ejercen influencia, sino que se imponen a las autoridades establecidas. Los candidatos y los partidos no desarrollan su actividad en condiciones seguras y con tranquilidad. No sólo son los recurrentes hechos de violencia, también está la intimidación, casi siempre a los de la oposición y a los medios de comunicación. Preocupa la indolencia gubernamental que, para algunos, es connivencia con el poder criminal.

Los partidos y candidatos deben documentar las irregularidades y de esta manera defender la integridad de la elección. Por su parte, una elevada participación ciudadana es la manera más eficaz para superar al clientelismo y a la perniciosa influencia del crimen, así como una eventual tentación hacia la parcialidad del órgano electoral o de la justicia electoral.

La elección del 2024 es singular en su forma y contenido. Ahora, más que nunca, votar ayudará a convalidar las libertades y a salvaguardar la democracia, patrimonio de todos.