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Los desencuentros son propios de la política y se acentúan con la competencia por el voto. Desde antes de la elección de 2018, el país convive con el descontento de una buena parte de la población. El candidato López Obrador tuvo capacidad de canalizar a su favor el rechazo social al estado de cosas. AMLO lo leyó bien y ya como Presidente entendió que cultivar adhesiones a partir de la insatisfacción otorga en lo inmediato, y ya se verá si de forma duradera, una legitimidad amplia, potenciada por su mayoría legislativa.

La elección de 2021 es indicativa de que el descontento de tres años antes abarca también a quienes ganaron la elección presidencial. El rechazo a los candidatos de Morena en muchas de las ciudades densamente pobladas fue abrumador y le significó la pérdida de mayoría en la Cámara de Diputados.

Los estudios de opinión coinciden en el apoyo de la mayoría de los mexicanos al Presidente, o más bien, de la mayoría de los que se dejan encuestar. Los resultados desastrosos en la gestión de la pandemia, los más de 182 mil asesinatos o 50 mil desaparecidos, además del desastre en el sistema educativo y el de salud, generan un tipo de impacto, como lo revela el resultado de 2021. La elección del 2 de junio, entreverada con las elecciones locales prácticamente en todo el país, habrá de dar claridad al respecto a pesar de muchas de las predicciones demoscópicas.

La intervención del Presidente en el proceso electoral no solo significa la pérdida de equidad; la ilegalidad impacta la legitimidad de los resultados y eso regresa el país al pasado no democrático. Más aún, preocupa que en amplios territorios del país no hay condiciones para que la elección transite en normalidad por la presencia de grupos delictivos y la ausencia de autoridad.

En el contexto de los desencuentros propios de toda elección, estos comicios son diferentes respecto al pasado en dos aspectos fundamentales: la propuesta de continuidad representa la destrucción del edificio democrático y la disputa por el voto ocurre en el marco de una abrumadora inequidad e ilegalidad. Queda claro, por fortuna, que la participación ciudadana tiene el poder y podrá contener las amenazas al régimen democrático.