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El sexenio lopezobradorista vio estallar casos como los de Telra-Realty, Segalmex, Forte y la Beneficencia Pública que además de involucrar recursos públicos tuvieron como denominador común a un puñado de intermediarios financieros, que aprovecharon resquicios legales para escapar de la regulación de distintas instancias gubernamentales.

Los bancos —a través de sus áreas fiduciarias— y las casas de bolsa también tuvieron un papel relevante en estas tramas financieras. La inacción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha vuelto crónica, pero hay otras historias que alcanzan a instituciones del aparato hacendario, entre ellas a Nacional Financiera-Bancomext, que todavía encabeza Luis Antonio Ramírez.

El político oaxaqueño —integrante de una generación de servidores públicos formada en el ITAM— podría alegar que heredó asuntos inextricables de su antecesor, Enrique de la Madrid, pero su gestión de esa agenda problemática pudo ser más escrupulosa.

¿Ejemplos? La línea de crédito que hace 14 años tramitó la microfinanciera CAME y que actualmente asciende —de acuerdo con los registros contables consultados— a 850 millones de pesos con los que ha podido colocar un promedio de 135,000 créditos anuales.

Obligada a cubrir sus deudas con Nafin el pasado 30 de septiembre, esta sofipo solicitó a Ramírez una negociación, para reestructurar el pasivo y esquivar el incumplimiento.

Valiente solución: para cumplir con sus compromisos, CAME propuso ampliar su línea de crédito o la apertura de una línea paralela, por 500 millones de pesos a Nafin. Para acceder a este préstamo “back to back” ofreció una garantía líquida por 260 millones y el aval de Te Creemos Holding (una firma hermana), pero requirió una condonación de los intereses moratorios, un descuento en las tasas de interés y un plan de pagos a tres años, con convenientes obligaciones: 10% el primero año; 20% el segundo año y 70% en el último año.

Una nota sobre la situación financiera de CAME, entregada a las autoridades hacendarias dos semanas antes del cierre de la anterior administración federal, alertaba sobre la necesidad de reestructurar el adeudo de la sofipo, “para evitar una contingencia mayor”.

CAME tiene más de tres décadas en el mercado con productos de crédito, ahorro, inversión y seguros, aunque ahora opera con una solución 100% digital por medio de la app Techreo. Con presencia en 20 de las 32 entidades de la República y una red de 190 sucursales, atiende a 140,000 clientes y 374,000 ahorradores, con una cartera de 2,300 millones de pesos.

A través de exfuncionarios de la CNBV, los directivos de CAME propusieron una reestructuración que les permitiera regenerar su cartera, incrementar sus ingresos y lograr “resultados positivos sostenibles” en el mediano plazo. A cambio, ofrecieron en prenda un equivalente de 25% de la cartera.

Si CAME obtenía el apoyo de las autoridades financieras para firmar la reestructura —sostenían—podría operar en condiciones normales y evitar un desequilibrio financiero “cuyas consecuencias pueden ser adversas”. El plazo venció y su futuro es incierto.

Efectos secundarios

ENCAMINADOS. En las antípodas, la sofipo Libertad ha podido corregir el rumbo. En lo que va del año —de acuerdo con los reportes entregados al regulador— registra una utilidad acumulada de 101 millones de pesos y tiene un nivel de liquidez de 42%, casi cuatro veces del mínimo regulatorio. Por lo que respecta a su cartera de crédito aumentó casi 10% comparado septiembre de este año contra el anterior. Entre los planes para Libertad está aumentar el número de clientes hasta 3.5 millones de clientes y fortalecer su presencia en el país utilizando el modelo híbrido —presencial y digital— al que han llamado phygital.