Una aventura innecesaria

Con la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum se está metiendo en una aventura innecesaria.

Tal como está planteada, la reforma es un inmenso reto organizativo, económico y político del que difícilmente saldrá bien librada.

Un reto organizativo, porque no hay precedentes ni instituciones capaces de hacerla. Hay que inventarlo todo en el camino.

Un reto económico, porque la reforma costará un dinero que no será fácil sacar del presupuesto: 13 mil millones para ejecutarla y 8 mil para indemnizar a despedidos, al tiempo que la reforma asusta a los inversionistas al punto de que puede ahuyentarlos.

Un reto político, por las razones anteriores y porque el enredo gigante de la reforma se comerá su primer año de gobierno. Tendrá que salir bien librada de una elección loca y convencer a los inversionistas de que el país sigue siendo seguro jurídicamente.

Se antoja una aventura del todo innecesaria.

Si lo que la Presidenta quiere es contener a la Suprema Corte, hacerse invulnerable a sus juicios de inconstitucionalidad, no tiene más que esperar a la jubilación del ministro Luis María Aguilar, en noviembre, para nombrar a su cuarto ministro o ministra oficialesca, suficiente para echar abajo en el pleno cualquier decisión de los siete ministros restantes, pues las votaciones ahí deben ganarse por el voto de ocho.

Si lo que quiere es cambiar a su gusto a jueces y magistrados del Poder Judicial, tiene ya la mayoría en el Consejo de la Judicatura y podría utilizarla al efecto.

En ambos casos sería un tránsito indoloro hacia el mismo objetivo político que es controlar a ministros, jueces y magistrados por igual.

Sería un tránsito más lento, es verdad, pero menos riesgoso que la desatinada aventura de organizar una elección por distritos judiciales con la simulación de imparcialidad del “voto popular” y con la posibilidad de un gran fracaso y hasta de un gran ridículo gubernativo.

La reforma judicial, tal como está planteada, ocupará los esfuerzos del primer año de Sheinbaum para darle, en el mejor de los casos, lo que prácticamente ya tiene en las manos.

Los costos de la vía rápida pueden ser muy altos en dinero, en inversiones, en prestigio y en credibilidad para el nuevo gobierno.