Un triunfo ciudadano

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Héctor Aguilar CamínDía con día

El litigio fue ganado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la organización líder en el combate a la corrupción que hay en el panorama de las ONGs mexicanas

Siguen apareciendo jueces en Berlín.

La Segunda Sala de la Suprema Corte emitió el 28 de abril pasado una sentencia que parece de matiz, pero que supone un gran cambio en los derechos de la sociedad para denunciar casos de corrupción, exigir su investigación y acompañarla no como testigo de calidad, sino como parte agraviada.

El litigio fue ganado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la organización líder en el combate a la corrupción que hay en el panorama de las ONGs mexicanas.

Hasta antes del fallo de la Segunda Sala de la Corte, las organizaciones que investigan casos de corrupción, como la muy famosa estafa maestra, joya de la corona de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, podían convertir su investigación en denuncia y llevarla a la Secretaría de la Función Pública para ver si ahí alguien le encontraba méritos.

Hasta ahí podía llegar. La organización responsable de la investigación y la denuncia dejaba sus papeles en la barandilla y no volvía a tener injerencia en el proceso.

La sentencia de la Segunda Sala del 28 de abril abre paso a que la organización quejosa trasponga los linderos de la ventanilla judicial y pueda acompañar la pesquisa subsecuente del caso en calidad de agraviado directo.

Lo que la Suprema Corte ha decidido es que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tienen interés legítimo como agraviados en sus denuncias, y son por tanto parte integral del proceso, a la manera del que denuncia un robo en su perjuicio y queda en situación de exigir resultados por su denuncia.

El criterio subyacente de la Segunda Sala es que los delitos de corrupción en agravio del erario público, al final de cuentas son también en agravio de la sociedad y ésta puede presentarse a reclamar justicia no solo como interesada moral, sino como víctima directa y parte legal en el asunto.

El espacio que se abre es enorme: la sociedad organizada puede actuar ahora como una especie de fiscal independiente en los actos de corrupción que ella misma investiga.

Un triunfo ciudadano.

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