Este triunfo de la división de poderes es un golpe fuerte para los que, desde el poder ejecutivo y su apéndice legislativo, ya veían que la 4T se podía brincar cualquier traba legal para imponer su modelo a través de decretos y leyes mayoriteadas
El laboratorio de Morena en Baja California, con la llamada “Ley Bonilla” resultó en un maravilloso resultado para el país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sólo reprobó por unanimidad ese fraude poselectoral, sino que dejó en claro que es un órgano autónomo que hace valer esa condición.
El valor de la unanimidad de la resolución de la SCJN compromete a aquellos ministros llegados en los tiempos de la 4T a actuar con apego a la lógica constitucional. Porque si bien este caso era flagrantemente violatorio de la ley, los 11 ministros decidieron quedar del mismo lado de la independencia de poderes.
Y de paso los patrocinadores y avales de este intento de fraude poselectoral quedaron exhibidos. Lo mismo aquellos que, aun con el dominio de la materia jurídica, habían apapachado al gobernador Jaime Bonilla, como los no pocos que pretendieron voltear a otro lado mientras se vulneraba la democracia del país.
Este triunfo de la división de poderes es un golpe fuerte para los que, desde el poder ejecutivo y su apéndice legislativo, ya veían que la 4T se podía brincar cualquier traba legal para imponer su modelo a través de decretos y leyes mayoriteadas.
Y como muestra, ese botón de decreto sobre facultar a las fuerzas armadas para labores de seguridad pública, el mismo día de la resolución de la Corte sobre la “Ley Bonilla”.
Pero también en los temas económicos se ven retos legales importantes en el futuro. Desde el intento, por ahora suspendido, de dotar al presidente de las facultades para el manejo discrecional de los recursos presupuestales, hasta esos escarceos que se hacen para regresar al control gubernamental el manejo de las cuentas de ahorro para el retiro.
Ya hay ejemplos concretos de violación a las disposiciones legales para pasar por encima de los sectores productivos y privilegiar los planes arcaicos de la 4T. La Comisión Federal de Electricidad, del protegidísimo Manuel Bartlett, ha dado al menos dos golpes contundentes a la legalidad: la violación a los contratos de los gasoductos el año pasado y la restricción a los proyectos de energías limpias el mes pasado. Sume los golpes dados por Pemex y tenemos varios golpes a las leyes y con ellos a la confianza.
Por eso, organismos autónomos como el Inegi deberán echar por delante todo el peso de su libre operación, para mantener la certeza y la confiabilidad de sus cifras. Sobre todo, ahora que también hay un intento de enterrar la trascendencia de los resultados del Producto Interno Bruto para generar un índice de estabilidad espiritual.
Y el Banco de México también deberá hacer valer su autonomía, no sólo en su labor central de mantener el control inflacionario con su política monetaria, sino también para defender la facultad de hacer programas emergentes de apoyo a sector financiero, como ese que tanto enojó al presidente en semanas anteriores.
El poder Legislativo tendrá que recuperar su autonomía como poder de la Unión a través del voto ciudadano.
Pero, por lo pronto, la resolución y sobre todo la actitud de la SCJN son un respiro en estos tiempos.
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