No fue el mejor día de Enrique Peña Nieto en materia de discursos. El presidente se notaba nervioso. El mensaje que emitió fue denso, difícil de digerir. Algunos anuncios importantes quedaron atrapados en el envoltorio.

La creación de un régimen económico especial para los tres estados más pobres es uno de los temas que se perdió en el discurso del presidente. Se trata de una de las decisiones más importantes de los últimos años en materia de desarrollo regional. Hubiera pasado inadvertido, de no ser por la entrevista del secretario de Hacienda con Joaquín López Dóriga.

Oaxaca, Guerrero y Chiapas recibirán tratamiento económico especial. Esto implica beneficios fiscales; menores cuotas de seguridad social; inversiones en infraestructura y facilidades de comercio exterior.

Esto suena un poco a Plan Marshall, el esfuerzo de reconstrucción de Europa que implementó Estados Unidos, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Entre 1948 y 1952 los estadounidenses inyectaron el equivalente a 160 mil millones de dólares de ahora para levantar a Europa Occidental.

No es exagerado hablar de reconstrucción en el caso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La pobreza extrema destruye tanto como una guerra y esas entidades tienen indicadores de desarrollo social parecidos a los de países centroamericanos que vivieron guerras civiles. Según el Coneval, en Chiapas 74 por ciento de la población vive en extrema pobreza. En Guerrero es 67 por ciento y en Oaxaca, 61 por ciento. El PIB per capita en esos estados equivale a una cuarta parte o menos del que tienen Nuevo León o el Distrito Federal.

¿Cuánto invertirán en los tres estados más pobres? ¿De dónde saldrán los recursos? ¿Cuándo comenzarán los esfuerzos de reconstrucción? ¿Qué papel jugarán los gobiernos estatales? ¿Qué proyectos concretos habrá para cada estado? La exposición de Luis Videgaray con López Dóriga fue muy escueta. Habló de un periodo de consulta y análisis. Mencionó que más que el gasto público que se ejercerá, pesará en las finanzas públicas el costo de lo que no ingresarán por los beneficios fiscales que otorgarán.

El tiempo es clave, lo mismo que la eficaz implementación de lo anunciado. El sentido de urgencia es obvio. No importa que el rezago social y el estancamiento económico lleve décadas en el sur. Las aguas están revueltas ahora y quizá no volverán a calmarse hasta que no haya cambios de fondo.

No queda claro quién se encargará del proyecto. En el equipo del presidente saben que no pueden reproducir el esquema empleado en Michoacán con el comisionado Castillo. También están conscientes de que no pueden dejar en manos de los mandatarios estatales la coordinación. Ayer escuché la versión de que la responsabilidad recaerá en Aurelio Nuño Mayer, jefe de la Oficina de la Presidencia. Tiene sentido, porque se trata de una persona que goza de la confianza del presidente y del secretario de Hacienda. Tendría plenos poderes para intentar una tarea enorme: colocar a los tres estados más pobres de México en un nivel que esté más cerca del norte y centro de México que de los países pobres de Centroamérica.

Implementación vuelve a ser el nombre del juego. En este aspecto el gobierno de Peña Nieto ha quedado a deber. El desarrollo de las zonas económicas especiales se suma a la lista de tareas pendientes: reforma energética, plan de infraestructura, reforma educativa, estrategia de seguridad. Parecen demasiadas y todas son urgentes. Así será la parte II del sexenio.