Un adiós al estado de derecho

Un adiós a las armas llamó Hemingway su famosa novela. Un adiós al estado de derecho que conocemos podría llamarse la reflexión del ministro Gutiérrez Ortiz Mena sobre los órdenes de constitucionalidad violentados para llevar adelante la reforma judicial que quiere el gobierno.

Se trata, dice el ministro, de un caso de “quebrantamiento del estado de derecho en su sentido más fundamental”.

La secuencia a la que se refiere el ministro es la siguiente:

1. Tres jueces otorgaron amparos ordenando al INE y al Congreso suspender la organización electoral para la reforma judicial en curso. Pero no estaba claro que los jueces tuvieran facultad constitucional para ello, pues la materia electoral está fuera de su ámbito.

2. Las autoridades elevaron su queja al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que carece de facultades para definir sobre suspensiones de juicios de amparo, atribución exclusiva de los tribunales colegiados y de la Corte.

3. El Tribunal electoral se arrogó facultades que no tenía y desconoció los amparos, lo cual creó un entuerto jurídico, pues los amparos siguieron vigentes, pero fueron desconocidos por el Trife mediante decisiones que el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió no acatar.

En vez de impugnar los amparos ante la Corte, las autoridades dieron por buena la facultad meta-constitucional autoestablecida por el Trife, desconociendo el resto del entramado legal… inclusive a la Suprema Corte.

Eligieron lo que les convenía, agregando el último eslabón de la cadena de ilegalidad, para llevar adelante unas elecciones del Poder Judicial, que serían ridículas si no fueran desastrosas.

En resumen: ni los jueces federales tenían facultades para emitir los amparos, ni el Tribunal Electoral para invalidar sus decisiones, ni mucho menos las autoridades para dar por bueno el fallo del Tribunal electoral.

“La realidad que muestra este caso es perturbadora”, dice el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. “El estado de derecho no se desmorona de golpe, se erosiona gradualmente, decisión tras decisión, cada una aparentemente justificable en su momento. A través de diferentes sentencias, comunicados y pronunciamientos públicos, diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”.