Trump prepara su último ataque a la democracia

Este miércoles 6 de enero, el presidente Donald Trump prepara su segundo y último ataque masivo a la democracia de Estados Unidos, bajo el argumento de un fraude electoral, ya rechazado por 62 cortes federales y la Suprema Corte de Justicia de la nación.

En total negación a la humillante e histórica derrota que sufrió ante el demócrata Joe Biden por 306 votos electorales contra 232 y una ventaja de 8 millones en el voto popular, en lugar de continuar la transferencia pacífica del poder, ininterrumpida durante más de dos siglos, el equipo de Trump saboteará el proceso de certificación del presidente electo Joe Biden, el paso final antes de su inauguración, en la sesión conjunta de las dos cámaras del nuevo Congreso, que encabezará el vicepresidente Mike Pence, en su calidad de presidente pro-tempore del senado.

En el ataque masivo, el vicepresidente Mike Pence, respaldado por 10 senadores y 140 congresistas republicanos, en lugar de presenciar la ceremonia protocolaria en que la nueva legislatura abriendo las actas y ordenando el conteo de los 535 votos del colegio electoral, oficializados y certificados por gobernadores, secretarios de estado y legislaturas estatales, Pence se adjudicará la “autoridad” para desestimar el conteo de los votos electorales certificados de 7 estados en que perdió Trump.

El vicepresidente confirmó, ya que podría sustituirlos por votos republicanos en favor de Trump no certificados o en su caso, desecharlos argumentando que son ilegales o de resultados en disputa, para que el conteo final sea de 232 votos para Trump y 222 para Joe Biden, presionando para que Trump continúe en el cargo, aún sin lograr los 270 votos que exige la constitución.

Trump “denunció” hace meses un supuesto fraude electoral que ha sido rechazado por los departamentos de seguridad interna, de justicia, los gobernadores estatales y autoridades electorales.

Desesperado por esa situación, el presidente Trump incurrió este lunes en lo que expertos constitucionales, legisladores e historiadores califican una grave violación: inició llamadas telefónicas a los gobernadores de los estados clave en que perdió, comenzando con Georgia.

La llamada, coordinada por Mark Meadows, su jefe de gabinete incluyó a los abogados Cleta Mitchell y Kurt Hilbert, de la Casa Blanca, Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia y su asistente Ryan Germany, de la que se filtró la grabación y transcripción de la explosiva llamada, que expertos e historiadores dicen, hacen palidecer las “cintas de Richard Nixon”.

Durante más de una hora conversó con Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, a quien al inicio, suavemente trató de convencer de revocar el resultado de la elección, con cualquier argumento.

“Ellos pueden admitir un error o como quieras llamarlo, si fue un equívoco, muchas personas piensan que no lo fue y la gente de Georgia está enojada y no hay nada malo en decir voy a recontar”.

Pero trump falló una y otra vez ante un republicano honesto, haciendo el histórico trabajo en el que se juega el prestigio, ahora destrozado por el presidente, cuyas declaraciones también han generado amenazas de muerte para él y su familia.

“El desafío que ud. enfrenta” dijo Raffensperger, es que la información que ud. tiene es equivocada, no hay fraude, no hay errores y los números son claros”. Trump lo negó esgrimiendo múltiples argumentos sin evidencia.

Trump, molesto, intimidó y amenazó cínicamente al servidor público con la posible presentación de cargos criminales, acusándolo sin pruebas, de que él arrojo cajas. “Hay fotografías y testimonios” dijo, que nunca presentaron ante las 62 cortes de justicia.

Trump lo intimidó y amenazó en repetidas ocasiones, diciendo al final que todo podría resolverse, si le da un resultado electoral con un margen de 11.779 votos ante Biden.

“Yo no perdí el estado, Brad”, dijo Trump “tuve la mayor votación, no había forma, muchos expertos me dicen que no había ninguna posibilidad, gané este y todos los estados del país, ganamos el Senado y la Cámara de representantes y ahora me dicen que perdí”.

La ira de Trump será mayor al enterarse de la eventual victoria demócrata en la elección especial también en Georgia, que podría darles el control del senado, justo el día en que su vicepresidente encabeza lo que muchos consideran un acto de sedición, con el objetivo de dar un golpe de Estado técnico, para permanecer en el poder a pesar de su derrota.

Para controlar posibles manifestaciones, Trump remplazó el alto mando del Pentágono, nombrando a funcionarios incondicionales, que están dispuestos a usar las fuerzas armadas para sofocar manifestaciones, como trató de hacer Trump con las marchas de protesta por el asesinato de George Floyd.

Precisamente este domingo, Dick Cheney, Ashton Carter, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry y Donald Rumsfeld, todos ex secretarios de Defensa, publicaron un manifiesto condenando el posible uso de fuerzas armadas para reprimir a estadounidenses y conminaron al presidente a reconocer que la elección quedó atrás y tiene un sucesor.

La ira y frustración del presidente podría ser mayor con el eventual control de los demócratas en el Senado, luego de la votación especial de Georgia, el 5 de enero.

La batalla final de Trump en el Congreso ha fracturado al Partido Republicano, donde el 60% rechaza el asalto a la democracia, iniciado por el congresista republicano de Alabama Mo Brooks y senadores que antes atacaron a Trump y ahora le son incondicionales como Ted Cruz, Lindsey Graham, Marco Rubio, Rand Paul, planteando una inexistente “conspiración para frenar el avance de Donald Trump”.

Los trumpistas republicanos acusarán a los demócratas y a los medios de comunicación de “querer revertir el resultado de la elección presidencial y crear un régimen de un solo partido que ya existe en los estados que gobiernan”, dicen.

“Ellos (los demócratas) quieren debilitar nuestro sistema constitucional para ganar la mayoría del Senado, a fin de incluir ideólogos de extrema izquierda en la Suprema Corte de Justicia y de liberales en el Senado con más demócratas de Puerto Rico y del Distrito de Columbia”.

Académicos expertos en la Constitución, como Mitch McConnell, líder republicano del Senado, los senadores Mitt Romney, Mike Lee, Susan Collins, Mike Brown y otros, conscientes de la manipulación ilegal de la enmienda 12 de la Constitución, esperan que fracase.

Lo que inicialmente los conservadores planearon como una “impugnación” de los votos del Colegio Electoral en Arizona, Georgia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nuevo México y Nevada, oficializados y debidamente certificados por legislaturas y gobiernos estatales, argumentando que “esa función solo corresponde a las legislaturas estatales, creció hasta convertirse en el desconocimiento de Joe Biden como presidente electo y reconocer votos falsos y autorizados a Trump, violando la Constitución y el resultado abrumador del voto popular.

El miércoles, cuando se dé la ofensiva antidemocrática fuera del capitolio, hordas de los seguidores armados de Trump, conocidos como los “Proud Boys”, “Oath Keepers”, milicias y otros, se “manifestarán” tratando de intimidar a los opositores al acto de sedición, con acciones de tensión que podrían generar violencia, bajo el argumento de que “los republicanos defienden la Constitución”.

Los radicales aseguran que “aún con evidencia de fraude” las cortes no han atendido “el grave y radical divorcio del sistema nacional electoral adoptado por los autores de la Constitución y las convenciones de ratificación en los estados” lo que es una fantasía, porque aún con grandes simpatizantes que nominó, la Suprema Corte desechó sus demandas por falta de pruebas.

A través de “medios alternos” como OANN, la Casa Blanca y los trumpistas aseguran que el presidente “tiene vías alternas” para reelegirse, aunque la elección quedó atrás y la perdió.

Sin recato alguno, convencen a sus seguidores de que la enmienda 12 de la Constitución, da autoridad discrecional al vicepresidente, para decidir qué actas y qué urnas con votos, de que electores, puede ordenar que sean abiertos, en la sesión protocolaria de certificación del Congreso, tratando de convertir al Congreso en un “tribunal” en que solo valga la decisión de Trump y “únicamente los votos que apoyen a Trump sean contados, cambiando o cancelando los depositados en favor de Joe Biden” de una forma anticonstitucional, antidemocrática e ilegal.

Un último recurso sería requerir una votación de la cámara baja, en la que se limite a un solo voto a cada estado, con la ilusión de que Trump, con 26 gobernadores republicanos contra 24 demócratas, sea “reelegido”.

Sus argumentos se basan en la burda tergiversación de la Constitución, por parte de conservadores radicales ya que el escenario de la votación en la cámara baja que proponen, aplicaría solo en el marco de una cerrada elección, en la que, si ningún candidato logra una aplastante mayoría, como la obtenida por Joe Biden, tendría que someterse a ese método de designación.

Harry Litman, ex funcionario del Departamento de Justicia y experto en derecho constitucional, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), asegura que “Pence no tiene ninguna autoridad para cambiar los votos o el resultado de la elección”, lo que explicó así:

“Eso sería como que los presentadores del Oscar trataran de ser quienes decidan quién ganó el premio a la mejor película”.

Lo asesores de Trump y más de cien congresistas republicanos que le son “leales” dispuestos a apoyar el asalto a la democracia y una verdadera insurrección, citan el “análisis” de Edward Foley, de la Universidad de Loyola, preparados desde 2018 y de John Harrison, autor del libro “Nadie para presidente”, sobre la enmienda 12 constitucional, argumentando que las disputas deben ser dirimidas por las dos cámaras del Congreso y que en caso de que no haya acuerdo, “es el presidente pro-tempore del Senado quien debe decidir qué y cuales votos sean contados”.

“Hay mucha evidencia para el caso de que Pence tiene el poder de abrir y contar los votos de los electores presidenciales” dicen, “lo que puede ser una cuestión de semántica, ya que, si bien es cierto que es quien abre las actas de cada estado y ordena el conteo de votos, no tiene autoridad para decidir cuáles se cuentan y cuáles no.

Los seguidores de Trump citan la cerrada elección presidencial de 1876, cuando el candidato demócrata Samuel Tilden aventajó al republicano Rutherford Hayes por solo un voto de los 185 que se requerían para ganar mientras se disputaban los resultados de la elección en los estados de Louisiana, Florida, Carolina del Sur y Oregón.

Tilden y Hayes sometieron al Congreso, en el que demócratas controlaban la cámara baja y republicanos la cámara alta, los votos de electores de los 3 estados del sur, atribuyéndose cada uno la victoria, causando confusión y violencia, lo que se solucionó cuando el Senado y la Cámara de Representantes lo resolvieron, creando una comisión electoral bipartidista, con participación de la Suprema Corte de Justicia.

Al cabo de 15 conteos y reconteos, la comisión dio la victoria a Hayes, por un voto de diferencia, lo que Trump espera, se repita en su caso, a pesar de que la circunstancia es totalmente diferente y cada gobierno estatal ya firmó y certificó los votos del Colegio Electoral.

También la elección presidencial de 1800, en la que Tomas Jefferson, quien “actuando agresivamente como presidente del Senado, ignoró defectos constitucionales en los votos de Georgia y se adjudicó la victoria.

Los abogados de Trump presentaron recursos legales de nuevo ante la Suprema Corte de Justicia, solicitando que se invalide el resultado de la votación en esos siete estados en disputa.

La Enmienda 12 dice específicamente:

“El presidente del Senado debe, en presencia de los líderes de las dos cámaras, abrir los certificados y ordenar el conteo de los votos. La persona que tenga el mayor número de votos debe ser presidente, si tiene la mayoría de los votos de los electores designados”.

El equipo legal de Trump que encabeza Rudy Giuliani secundado por Sidney Powell, promotora de teorías de conspiración sobre la votación, convencieron a los legisladores republicanos, con fantasiosas interpretaciones del profesor Edward Foley, de la escuela de leyes de la universidad Loyola, de chicago, quien asegura que “el presidente del Senado tiene la autoridad constitucional exclusiva de determinar qué certificados deben abrirse y cuales votos electorales deben ser contados”, interpretación diferente a la realidad de este país durante su historia de 244 años.

La certificación de Biden es el último paso hacia su inauguración o toma de posesión el 20 de enero, y expertos constitucionales consideran que fuera de ser un espectáculo circense, que hará más largo el proceso con la posible exposición de argumentos de cada uno de los 140 legisladores insurrectos, terminará sin afectar el desenlace.

Profundamente divididos, los republicanos saben que su juego no tiene futuro, por el rechazo del liderazgo de su partido, al que Trump acusa de ser “débiles y de estar cansados”.

Aunque legisladores y expertos constitucionales están convencidos de que la “insurrección de legisladores republicanos no tiene futuro, se encuentran preocupados de que Trump trate de capitalizar eventuales estallidos de violencia, para invocar la “ley contra la insurrección” de 1807, con base al artículo 10 de la Constitución, y desplazar tropas a las calles, ahora con un departamento de Defensa totalmente bajo control, tras la destitución de los jefes militares que antes se opusieron a eso en junio, lo que podría facilitar el aplazamiento y hasta la eventual cancelación de la inauguración del presidente Joe Biden.