No parece pues que la bomba financiera de la crisis económica sexenal vaya a estallar el próximo año, pero es un hecho que la mecha está encendida
¿Es posible una transición económica tersa entre la administración de Andrés Manuel López Obrador y el siguiente gobierno?
La primera condición es que se cumpla con lo que dice la Constitución y, efectivamente, López Obrador entregue la banda presidencial el primer día de octubre del 2024 al candidato que resulte ganador en las elecciones del 2 de junio del próximo año, independientemente si es su candidato o un opositor.
No es una obviedad confiar en que haya un relevo como lo marca la ley a la luz de no pocos intentos del régimen por saltarse el marco legal vigente en muchas áreas de la vida nacional.
Entonces, si no hay sobresaltos democráticos y hay un proceso electoral en calma, habría menos posibilidades de sobresaltos financieros que desaten una crisis económica.
Por el lado de la estabilidad de las finanzas públicas, la transparencia no es el fuerte de este régimen. Sin embargo, con la información disponible, la Secretaría de Hacienda puede, efectivamente, traspasar en 15 meses finanzas públicas estables. Con desequilibrios importantes y una deuda alta, pero manejables.
El verdadero problema empezará en los años por venir si la siguiente administración no hace cambios profundos en el gasto público, en las fuentes de ingreso y hasta en su relación con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Las recientes revisiones al alza de las estimaciones de crecimiento económico para este año son una gran noticia para las finanzas públicas. Más actividad económica, en especial del mercado interno que sí genera impuestos directos e indirectos, implica mayor recaudación.
Ayuda al desempeño económico que baje la inflación, pero inevitablemente las altas tasas de interés, que se habrán de mantener a lo largo de este 2023, implican una presión adicional al costo del financiamiento público.
Y, de paso, la fiesta del “súper peso” puede aligerar la carga del servicio de la deuda externa, pero fomenta la exportación de la inversión y el consumo. Además, que la exposición a movimientos bruscos es mayor.
Dice el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que le parece mala idea que inicie una administración con un aumento de impuestos.
Claro que sería pésima idea para un nuevo gobierno que recibiera buenos niveles de recaudación, que le permitieran garantizar recursos suficientes para sus necesidades de gasto. Pero este no es el caso, el régimen de López Obrador va a dejar bajos niveles de recaudación en comparación con el PIB y altos, muy altos requerimientos de gasto público.
Así que, independientemente de quienes lleguen a la presidencia y a la Secretaría de Hacienda, podrían no tener otro camino que recortar muchos de los gastos improductivos del gobierno actual, lo mismo en los programas asistencialistas que en mantenimiento de la infraestructura inútil.
O bien, si la idea es mantener “la cuarta transformación” van a tener que subir impuestos tan pronto como se sienten en la silla para alimentar ese elefante blanco.
No parece pues que la bomba financiera de la crisis económica sexenal vaya a estallar el próximo año, pero es un hecho que la mecha está encendida.
Y, de paso, las malas decisiones de negocios y financieras en Pemex y CFE le soplan a esa mecha para que avance más rápido.
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