¿Tiene futuro la “Ley Bonilla”?

La opinión de la secretaria de Gobernación en el sentido de que la llamada Ley Bonilla va a pervivir es el más reciente episodio de una historia inaudita. De entrada, esta declaración no se entiende a la luz de lo que la funcionaria dijo hace un mes al comparecer en el Senado: “La llamada Ley Bonilla es inconstitucional”.

Extrañamente, la reforma que extiende a cinco años el actual periodo de gobierno en Baja California fue aprobada en el Congreso estatal con los votos de los partidos que hoy la impugnan. Y, peor aún, ¡lo hicieron un mes después de la elección!

Se ve difícil que la SCJN valide este acto de evidente retroactividad. La apuesta inicial fue retardar la publicación de la ley hasta que los tiempos ya no permitieran su impugnación. Fue solo hasta que el presidente calificó esa tardanza como una “chicanada” que la ley se publicó.

Entonces la apuesta pareció orientarse a que el asunto no se resolviera antes de que el gobernador asumiera el cargo. Sin embargo, al admitir las acciones de inconstitucionalidad, la SCJN dejó en claro que la toma de posesión “no significa que se hayan consumado los efectos de la norma”.

Solo queda una posibilidad para que la ley mantenga su vigencia: que no se junten los votos necesarios para ser declarada inconstitucional. Pero esa jugada tiene muy pocas probabilidades.

Incluso lo que parecía un apoyo de la secretaria de Gobernación a la Ley Bonilla se disipó este lunes, luego de que la funcionaria aclarara que, como jurista, su postura es la misma que en escenarios similares la llevó a votar por la inconstitucionalidad de los hechos.

Habrá que esperar, por supuesto, el veredicto de la SCJN. Como atinadamente atajó el ministro presidente, Arturo Zaldívar, este tribunal decidirá sobre la constitucionalidad de la Ley Bonilla y lo hará con “total independencia y libertad”.

En lo personal, no le veo futuro alguno a esa ley. Además de validar la convocatoria electoral, el TEPJF ya avaló el registro de la candidatura de Jaime Bonilla y, más tarde, el cómputo estatal y la declaratoria de validez del órgano estatal electoral, y en todos los casos confirmó que sería por dos años. No advierto ningún elemento que ahora pudiera sustentar la extensión de ese periodo.