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La estrategia de seguridad de los primeros 100 días ha sido recibida con beneplácito. Existe un anhelo generalizado de que el país pueda reducir la violencia y la criminalidad. Los indicadores, cualquiera que sea su interpretación, revelan que México es uno de los países más violentos del mundo. A partir de este siglo todos los presidentes se han comprometido en la mejoría; los logros han sido magros y casi siempre las administraciones concluyen con un número ascendente en las cifras delictivas.

Los resultados positivos de lo que se hizo en la Ciudad de México, tarea realizada por Omar García Harfuch, han servido para acreditar la ruta planteada por el nuevo gobierno. Destaca la convocatoria a la coordinación entre diferentes autoridades y órdenes de gobierno, referir a la situación diferenciada en las regiones del país, así como la importancia de la inteligencia criminal y la reestructuración del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que es la unidad articuladora de la planeación, estrategia y evaluación.

Lo urgente es centrar la atención en los lugares de mayor deterioro definidos en la estrategia y actuar con firmeza contra el lavado de dinero y las transacciones financieras asociadas a las redes criminales, que les permiten a éstas tener recursos para corromper y expandir sus negocios ilícitos.

Como asunto de Estado, es importante dar una vista a las experiencias exitosas en materia de seguridad que hay en el país. Sin prejuicio de por medio, deben valorarse los buenos resultados en Yucatán, Querétaro y Coahuila. Se advertirá que todos tienen en común la participación social, la vigilancia, la estima pública sobre policías y, muy especialmente, la baja tasa de impunidad.

La sociedad demanda y merece resultados, pero ha sido un repetido error, que por fortuna no está presente en la estrategia del nuevo gobierno, comprometer cambios inmediatos. Revertir el deterioro llevará tiempo, perseverancia y corresponsabilidad. Estamos ante el mayor reto para la viabilidad del país, por lo que su combate requiere alentar de forma sistemática la participación de escuelas e iglesias, de organizaciones de la sociedad civil, de medios de comunicación y de la sociedad en general. La seguridad, como nunca, es hoy tarea de todos.