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La crisis que enfrenta el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por el proyecto Malecón Tajamar, en Cancún, es uno más de los acontecimientos que muestran la velocidad con la cual las redes sociales están marcando la pauta para la detonación de hechos que rápidamente se convierten en críticos.

Y por tanto obligan a respuestas prontas, pero no por ello precipitadas ni recargadas con información que no atacan las percepciones de fondo, por más que se compartan explicaciones técnicas y jurídicas sustentadas.

La percepción central en el caso del Malecón Tajamar es una: “se echaron un manglar” y con ello la vida silvestre y la fauna que en ella había. Pareciera que se ha actuado de una manera precipitada ante el término legal de los permisos que había obtenido adecuadamente Fonatur, desde hace más de una década.

Del otro lado habría que entender, en todo caso (en el juego de las posiciones) que Fonatur tiene en Malecón Tajamar una de las reservas territoriales que cuenta dentro de sus activos. Es parte de sus propiedades, desde que inició Cancún hace décadas.

Cancún ha venido siendo construido derrotando a la naturaleza hasta constituirse como uno de los principales generadores de divisas turísticas en el país e impulsor de actividad económica. Y pareciera que por el mismo sendero correrán varios polos turísticos nuevos que se están desarrollando en Quintana Roo.

Hay que recordar que Fonatur fue creado para construir desarrollos turísticos altamente planeados. Y si no fuera por ello, Cancún sería un desastre mayor por el fuerte crecimiento que ha experimentado.

Si bien las redes sociales están contribuyendo a masificar la protesta pública en temas como los ambientales –al menos de manera virtual porque muchos apoyan desde la comodidad de sus dispositivos móviles-, también sirven para que de pronto “vengan a la mesa” invitados que no fueron convocados pero que en el festín ven la oportunidad para llevarse, por lo menos, una tajada si no es que el banquete completo.

Me refiero a los partidos Verde Ecologista (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD) que ahora si han sacado la cabeza para emprender acciones jurídicas y mediáticas en favor del manglar en vías de destrucción y de las especies que en ella han habitado.

Estar en contra la destrucción del hábitat es una de las mejores causas. No se podría estar de acuerdo en el embate ambiental.

Pero en el caso Malecón Tajamar también prevalece un tema de certeza y certidumbre jurídica sobre el cual Fonatur está basando sus argumentos al advertir que detener el proyecto puede costar miles de millones de pesos y la cancelación de una fuerte derrama económica en empleo y distribución del ingreso en Cancún que, valga la pena mencionarlo, está enfrentando una competencia alta con otros polos de desarrollo turístico no lejanos como Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum.

Cancún es un punto de actividad cíclica que vive de corrientes turísticas de temporada y que enfrenta la baja de movimiento económico en los tiempos de ciclones.

Malecón Tajamar es un proyecto sobre una superficie de 78 hectáreas, de las cuales 20 corresponden a manglares, selva y sabana. Y 58 hectáreas susceptibles de ser desarrollables.

Ya existía la condicionante de la reubicación de especies desde la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) pero haber dejado por años el terreno propicio que nuevas especies llegaran.

Pareciera que la precipitación de Fonatur y los desarrolladores con los que ha comprometido de llevar adelante Malecón Tajamar, al ejecutar en poco tiempo el desmonte y chapeo en el manglar obedecen a que si no lo hubieran hecho, lo más probable es que no podrían hacerlo adelante frente a la nueva legislación ambiental que se los impediría.

Existe un principio jurídico de que ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva.

Si los permisos y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que autorizó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no se ejecuta antes del 8 de febrero de este año, ya no serán válidos y los terrenos de Malecón Tajamar quedarían como una reserva más, y al final un activo de poco valor que afectaría las finanzas de Fonatur y sus socios en el desarrollo.

Habría que iniciar el proceso de autorizaciones con la potencial imposibilidad de lograrlo bajo la adición que en el 2007 se hizo a la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar.

Esta crisis detonó como producto de la precipitación en la toma de decisiones en Fonatur y la masificación de la protesta pública, más la incursión de pescadores de movimientos sociales de tiempo completo, en un entorno electoral como el que transcurre en Quintana Roo.

Jurídicamente, y sólo jurídicamente hablando, la razón está en Fonatur porque se basa en lineamientos jurídicos sustentados. Ya no la habrá después del 8 de febrero. Pero ha faltado sensibilidad social y política.

PostScriptum.-  En las crisis lo que pesan son las emociones más que las razones. Y hay quienes lo saben sobremanera; a partir de ello construyen argumentos para exacerbar el ánimo público.