Hay antecedentes. Donald Trump logró, con la amenaza de los aranceles, que el gobierno mexicano le cuide con sus tropas su frontera común para que no pasen los indocumentados
En la medida en que se hagan públicas las intenciones de Estados Unidos de condicionar la ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), más difícil será que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acepte las imposiciones del norte con tal de tener lo antes posible ratificado el acuerdo.
Hay antecedentes. Donald Trump logró, con la amenaza de los aranceles, que el gobierno mexicano le cuide con sus tropas su frontera común para que no pasen los indocumentados.
Cuando los demócratas, mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, abrieron la puerta a la federación estadounidense de sindicatos, la AFL-CIO, para que interfirieran en el contenido del T-MEC en materia laboral, empezó a crecer la idea de reabrir el pacto comercial para incluir temas tan delicados como la asignación de inspectores estadounidenses para el cumplimiento de las leyes laborales en México.
El problema es que por la parte mexicana se empezaron a escuchar, por parte del subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, expresiones como: son válidos los planteamientos de los demócratas o todo parece ir en la dirección correcta. Cuando claramente era inaceptable cualquier intento de injerencia extranjera en temas legales mexicanos.
Hay que entender que de origen hay un pequeño caos de la 4T en torno al equipo negociador mexicano. Es un hecho que este gobierno no tiene hoy a nadie más capacitado para esta función que Jesús Seade. Pero muy al estilo del presidente López Obrador, hay una mescolanza de puestos que confunden a todo el mundo.
Seade debería ser secretario de Economía, o en todo caso subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Y debería ir acompañado de un subsecretario para América del Norte que sea de la total confianza del canciller Marcelo Ebrard, que además viera todos los otros temas de la agenda norteamericana que no pasan por los temas comerciales.
Pero así es este gobierno. El propio Ebrard es el apagafuegos del presidente López Obrador, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social es el organizador de fiestas y desfiles, una oficial mayor es la reina de las asignaciones directas de contratos, otro funcionario de Hacienda parece procurador. En fin, un caos institucional.
Y hay algo más, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador le urge que se apruebe el T-MEC para que entre en vigor y ayude a bajar un poco la incertidumbre económica que hoy prevalece.
Pero no puede ser a cualquier costo. Por eso es que resultó de enorme valor que el Consejo Coordinador Empresarial se atreviera a decir que observan con gran preocupación que existen algunas demandas en materia laboral que resultan extremas y totalmente inaceptables.
Esas demandas extremas debieron haber sido descalificadas desde un inicio por el gobierno mexicano, pero no sucedió. Las consideraron. Por eso es que ahora los empresarios les dicen a los gobiernos, bajo la clásica de te lo digo Donald, para que escuches Manuel, que el respeto a la soberanía de México no es negociable.
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