¿Súper contralores?

Cuando Arsenio Farell Cubillas llegó a la Secodam, hace tres décadas, se instauró la figura de los Órganos Internos de Control para fiscalizar a los funcionarios de las dependencias y las secretarías de la Administración Pública Federal.

Esa red de vigilantes, empero, se comprimió justo cuando cumplía 25 años, en el primer sexenio de la Cuarta Transformación. Roberto Salcedo Aquino sustituyó a Irma Eréndira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública y para ahorrar recursos humanos y materiales, comprimió a los OIC’s en cinco grandes ramos: Quejas, Responsabilidades, Control Interno, Fiscalización y Compras Públicas.

Paradojas de la austeridad republicana: los súper contralores no pudieron pescar. Y el gobierno que prometió castigar a los corruptos, sin importar su origen partidista o sus relaciones políticas, carga con la vergüenza de haber fallado olímpicamente en esas áreas.

El diseño por ramos implicaba la desaparición de los OIC’s y la habilitación de cinco “mini contralores” en cada dependencia, y cinco super contralores en la secretaría… esquema que duró apenas 13 meses. Ahora que Raquel Buenrostro es la Dama de Hierro, el esquema anterior de OIC’s por dependencias federales ha vuelto a estar vigente. La simplificación orgánica asignó nuevas responsabilidades a Gregorio Guerrero Pozas, quien coordinaba los Órganos de Vigilancia y Control en la extinta SFP y también al exjefe de la Unidad de Planeación e Información Estratégica, Christopher Valenzuela Ponce.

Un periodo de desajuste y absurdos, refieren exfuncionarios de SFP: el mini contralor encargado de quejas en la Secretaría de Gobernación debía de pedir permiso para investigar al “super” contralor en la Función Pública… y así en toda la Administración Pública Federal.

¿El daño mayor? Haber perdido a una generación completa de contralores, que no tuvieron acomodo en la ASF o el Inai. Pocos, como Guerrero Pozas y Valenzuela Ponce, quien además es experto en seguridad nacional, se mantienen dentro del aparato burocrático. Uno en la Cancillería, el otro en Petróleos Mexicanos y con él, quien fungió como contralor de Segalmex, Jonathan Caballero Hernández.

Los contralores, sin éxito, persiguieron a los integrantes de la anterior junta general ejecutiva del INE y fueron particularmente incisivos en la tríada compuesta por el expresidente consejero, Lorenzo Córdova; su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina y Ciro Murayama.

En el Inai, Alma Patricia Sam Carbajal se convirtió en la titular del OIC tras de ser designada por la Cámara de Diputados, hace 21 meses y su equipo ha debido trabajar horas extra, ante el cúmulo de quejas y denuncias entre elas la acusación por abuso de funciones del excomisionado Oscar Guerra Ford.

Los magistrados de la sala auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves del Tribunal Federal analizaron los comprobantes de 94 gastos presuntamente indebidos realizados con la tarjeta corporativa, resaltaban dos consumos —que sumaban 20,411 pesos— en el Curazao, un night club. Y no las encontraron suficientemente válidas.

Otros casos, incluso de mayor animosidad, ocurrieron en el peñismo en el contexto de las reyertas entre distintas facciones al interior del gabinete. Allí está la persecución contra el exdiputado tapatío Jorge Humberto López Portillo, quien por designación presidencial ocupó la dirección general de Exportadora de Sal apenas 18 meses y debió dejar el cargo para defenderse de las acusaciones del OIC, Mario Vargas Aguilar, por haber desembolsado 92 millones de pesos para pagar una barcaza sin contar con la autorización del Consejo de Administración.

Multado (con 140 millones de pesos) e inhabilitado “temporalmente” —una década— López Portillo Basave recurrió las sanciones impuestas por el entonces subsecretario, Javier Vargas Zempoaltecatl y finalmente logró una sentencia absolutoria del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que le exime de pagar la sanción económica, pero que lo dejó sin trabajo en el servicio público.

Los mexiquenses controlaban entonces a la SFP. Y para mandar una señal de sus alcances, inhabilitaron al los entonces titulares de ESSA, la API de Topolobampo y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Cuando ocurrió los escándalos de la Casa Blanca y la Estafa Maestra, se retrajeron.