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Es difícil que se alcance un consenso porque las diferencias van más allá del tema de los salarios mínimos.

La Coparmex salió con las manos semivacías de la reunión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Entregó la propuesta de aumentar el mínimo de 80 a 92 pesos en las próximas semanas, pero no recibió el visto bueno de este organismo donde participan empresarios, sindicatos y gobierno.

No existe un consenso de la parte patronal, porque se trata de una propuesta de la Coparmex y no de todos los organismos empresariales, se argumentó en la Conasami para no tomar una decisión. El tema se volverá a revisar el 27 de julio.

La principal diferencia entre los empresarios tiene que ver con los tiempos. La Coparmex, en voz de Gustavo de Hoyos, pide que se aplique un aumento a los salarios a más tardar en octubre, entre otras cosas para desvincular el incremento de la revisión anual que se debe realizar en el mes de diciembre.

El resto de los organismos empresariales cree que es un mal momento para subir los salarios mínimos el equivalente a 15 por ciento (o incluso menos). Está de acuerdo en que hay que hacer algo para mejorar los mínimos, pero alega que hacer el ajuste en las próximas semanas incrementa el riesgo de que esta alza produzca presiones inflacionarias adicionales. Propone esperar, pero no dicen hasta cuándo. En el 2017 la inflación ha vuelto a ser un tema de preocupación. Un año y medio después de cerrar el 2015 con la mínima inflación en cuatro décadas, 2.13 por ciento, las alzas de precios se sitúan en torno a 6.5 por ciento.

El riesgo inflacionario es un asunto menor, para la Coparmex, entre otras cosas porque el alza a los mínimos realizada a fines del 2016 no ha sido un factor relevante en el brote inflacionario del 2017, más vinculado al gasolinazo y al tipo de cambio. El mensaje de la Coparmex es que subir el mínimo es un asunto de responsabilidad social de los empresarios. Se trata de que el salario permita a los trabajadores tener una vida digna, como parte de un proyecto país de mediano plazo. En su propuesta, el mínimo debería subir entre 4 y 8 pesos anuales por encima de la inflación, desde ahora hasta el 2030.

Gustavo de Hoyos cuenta con el apoyo unánime de los 65 centros de la confederación patronal en todo el país, pero no ha logrado suscitar el apoyo de la Asociación de Banqueros de México; la Concanaco; la Concamin… tampoco de los organismos cúpulas, como el Consejo Coordinador Empresarial.

En respaldo de la propuesta de la Coparmex, se expresaron algunos destacados intelectuales, ONG y think tanks, como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y la Unión Social de Empresarios de México. Tras bambalinas, la propuesta tiene la simpatía de funcionarios como Alfonso Navarrete, secretario del Trabajo. En la otra esquina están, además de las cúpulas empresariales, el gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda. No les gusta el riesgo inflacionario ni los tiempos. Son opositores discretos, pero activos.

¿Qué pasará con esta propuesta? Es difícil que se alcance un consenso en los organismos empresariales porque las diferencias van más allá del tema de los salarios mínimos. Gustavo de Hoyos está aislado desde que se opuso públicamente al pacto económico post-gasolinazo, en enero. Ha construido una red de apoyos externos que podría serle útil en la opinión pública, pero no allanará el camino con los demás empresarios.

En pugna están egos, ideas y proyectos. De fondo, seguimos con un problema: los mínimos en México son los terceros más bajos del continente.

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