Incluso los mexicanos migrantes se han adaptado a festejar con más fervor el 5 de mayo que el 16 de septiembre. Pero hoy, hay algo que alinea los tiempos estadounidenses con las formas originales, a la mexicana
Se requería un poco de valor para haber extendido el puente hasta hoy, cuando el calendario cívico oficial no marca el 5 de mayo como día de descanso obligatorio y, en nuestro país, se ha convertido en una conmemoración cívica que ha pasado a un segundo plano; a diferencia de Estados Unidos, donde este día se ha erigido como la fecha máxima de identidad mexicana.
Incluso los mexicanos migrantes se han adaptado a festejar con más fervor el 5 de mayo que el 16 de septiembre. Pero hoy, hay algo que alinea los tiempos estadounidenses con las formas originales, a la mexicana.
Desde hace muchos años, a la opinión pública mexicana le quedaban pocas dudas sobre los presuntos vínculos con actos de corrupción y grupos del crimen organizado de no pocos gobernadores, secretarios, familiares y funcionarios de todos los niveles de gobierno.
Pero han sido también, el mismo número de años en que un poder casi mesiánico lanzaba un manto de impunidad que los hacía totalmente intocables. Es más fácil ver perseguidos a los denunciantes que a los culpables. Mejor de eso ya no se hablaba.
Pero entonces llegó la percepción estadounidense del “Cinco de Mayo” a los escándalos de corrupción y colusión, y a lo que se le dio trato de hechos irrelevantes, de segundo plano para la 4T, se convirtió en el caso más relevante para la relación de la justicia a nivel bilateral.
El requerimiento, por ahora, de 10 funcionarios mexicanos del estado de Sinaloa tiene claros tintes políticos, pero no partidistas. México es soberano, pero ha suscrito convenios internacionales que limitan esa soberanía; el gobierno mexicano quiere “pruebas contundentes”, pero defiende la prisión preventiva oficiosa; el régimen expulsa delincuentes sin orden judicial; a los “del movimiento” la justicia y la gracia.
No todo acaba en la suerte política del régimen, las consecuencias negativas de un escalamiento judicial con Estados Unidos refuerzan la desconfianza en la economía mexicana que ha generado el propio gobierno y que ha provocado la racha de crecimiento más mediocre en muchas décadas.
Los datos de arranque de este 2026 son fríos. El IGAE confirma una economía aletargada, los datos de consumo no indican realmente que en marzo se haya tocado fondo, la inflación galopa y no parece haber autoridad que tenga interés en combatirla. Y si de presumir datos de empleo se trata, pesa mucho una informalidad de 54% como para que luzca algún otro dato.
Y todo va más allá de la coyuntura geopolítica, es la realidad de un gasto público que no se ha utilizado para generar infraestructura productiva en más de siete años, que pone trabas ideológicas a las inversiones en sectores tan elementales como el energético, y que ahuyenta cualquier emprendimiento con el pulso autoritario desbordado que prevalece.
Cuando desde el exterior les dijeron a los círculos gubernamentales que sin Estado de derecho no hay inversiones, lejos de asumir esa verdad de Perogrullo como una urgencia, se echaron a reír.
Y ahí estamos hoy, atrapados entre los festejos independentistas locales que confunden soberanía con complicidad y la particular visión extranjera de hacer de estos días de mayo los más importantes para México.
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