¿Qué de humillante puede ser la evaluación a los maestros si lo peor que les podía ocurrir era dedicarse a tareas administrativas, o sea, quedar becado de por vida?
Si a pesar y después de todo “no es para nosotros indispensable lo de la llamada evaluación” docente, como dijo el viernes el Presidente, la Cámara de Diputados debe dejar de hacerle al Tío Lolo y ceder a la CNTE la chamba de discutir y aprobar la contrarreforma educativa y ocuparse de asuntos menos degradantes.
Andrés Manuel López Obrador tiene confianza en que “si se fortalecen las normales, pues los maestros van a salir bien preparados para poder desempeñar su trabajo educativo con lo que tiene que ver con la calidad de la enseñanza…”.
En una realidad jamás estática sino dialéctica, lo que se aprende en la carrera profesional que sea no es algo aplicable para siempre.
De las consideraciones tomadas muy en cuenta para derogar la legislación peñanietista en la materia (inaplicada ya pero vigente mientras no surja la nueva), sobresale una que, tomada sin información precisa, concisa y maciza, sin duda es agraviante para el magisterio: la evaluación, porque la dirigencia facciosa la llamó desde un principio “punitiva”, lo cual es una patraña contumaz.
Aunque el desempeño de los maestros en el aula no es el único factor en el aprovechamiento escolar de los niños y adolescentes del sistema enseñanza básica (preescolar, primaria y secundaria), su responsabilidad es, desde luego, decisiva.
¿Qué de humillante puede ser la evaluación si lo peor que podía ocurrirle a un incapaz o desactualizado profesor era dejar de malinstruir a sus alumnos para dedicarse a tareas administrativas, o sea, quedar becado de por vida?
No sobra recordar que las evaluaciones fueron concebidas en tres pasos: de no librar la primera, había la oportunidad de prepararse para una segunda y, si tampoco, lo único que perdería el examinado era estar al frente de un salón de clases. Tampoco es ocioso tomar en cuenta que es ínfima la proporción de maestros chafa, ya que la magisterial es una carrera que se cursa, en la mayoría de los casos, por genuina vocación.
Los responsables de la política educativa tienen obligación de saber que los más bajos índices de aprovechamiento escolar se registran en los santuarios de la Coordinadora Nacional de supuestos Trabajadores de la Educación en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Por eso es escalofriante que sea la CNTE, no los diputados federales en el dictamen que aprobaron, quien está decidiendo la legislación que viene.
A las concesiones hechas a esa temible agrupación figura no solo la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (luego de 17 años de existencia irreprochable) y la absorción de funciones, en apariencia semejantes aunque sin autonomía, por la Secretaría de Educación sino, como es evidente, la proscripción de cualquier medición de la calidad del magisterio.
¿Y el interés superior de la infancia? Pues con la pena, pero muy por encima está el de una tumultuaria pandilla sindical…
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