Se le borró la sonrisa a la 4T

La 4T recibió un golpe seco a su ya muy gastada línea de flotación. El gobierno presumía que había llegado para acabar con la corrupción y la impunidad del viejo régimen. Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios morenistas —entre ellos el senador de la República Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán— por presunta conspiración para importar fentanilo, heroína y otras drogas a Estados Unidos, además de protección al Cártel de Sinaloa (facción de “Los Chapitos”) y posesión de armas de guerra.

Según la imputación, Rocha Moya habría recibido apoyo del cártel para ganar la gubernatura en 2021, incluyendo intimidación y secuestros a rivales políticos, y a cambio habría ofrecido protección institucional. Las penas posibles van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

La respuesta oficial no se hizo esperar. Rubén Rocha Moya rechazó categóricamente las imputaciones, asegurando que “carecen de veracidad y fundamento alguno” y que se demostrará “con toda contundencia” en el momento oportuno. Por su parte, el senador Enrique Inzunza Cázares calificó las acusaciones como “falsas y dolosas”, las enmarcó como un ataque directo contra la Cuarta Transformación, Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y las vinculó a su defensa de la soberanía nacional en el Senado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores habló de “falta de elementos de prueba” y anunció una nota de extrañamiento. Cuando se trata de los suyos, exigen respeto a la soberanía y presunción de inocencia absoluta.

Qué curioso contraste.

Apenas este martes, la misma 4T y sus voceros querían quemar en leña verde a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por no haber acudido a la invitación de dos comisiones del Senado para hablar del llamado “CIA-Gate”. La acusaron de traición a la patria e incluso hablaron de juicio político. La propia presidenta Sheinbaum señaló que el asunto no se cerraba con la renuncia del fiscal y que la investigación seguiría. Hoy ese tema ya quedó en el olvido.

Ahora, con un gobernador de Morena y un senador de su bancada señalados directamente por nexos con el cártel de Sinaloa, el discurso cambia por completo: “son infundadas”, “falsas y dolosas”, “ataque a la soberanía”, “no nos han compartido las pruebas”.

Se les borró la sonrisa porque este caso toca hueso. Sinaloa es el bastión histórico del Cártel de Sinaloa. Rubén Rocha Moya no es un funcionario menor: es el máximo representante del movimiento en el estado. La acusación llega después de años de la estrategia de “abrazos, no balazos”, de minimizar el poder del crimen organizado y de culpar siempre a factores externos.

Lo más incómodo es el doble estándar evidente: cuando la imputación salpica a la oposición, se celebra como un triunfo de la justicia y se exige cabeza inmediata. Cuando salpica a Morena, se convierte automáticamente en “persecución política”. La presunción de inocencia, al parecer, solo aplica cuando el acusado porta la playera guinda.

Los mexicanos merecemos algo mejor que esta doble vara moral. Merecemos que la ley se aplique por igual, sin importar el color del partido. Si de verdad se cree en la transformación, la primera que debe transformarse es esta incapacidad de reconocer cuando uno de los propios enfrenta acusaciones graves.

Mientras Rocha e Inzunza aseguran que las imputaciones carecen de fundamento y la cancillería exige elementos, la realidad en Sinaloa sigue siendo terca: un estado controlado por el cártel más poderoso del continente, con su gobernador y un senador de Morena ahora acusados en Nueva York de haber hecho pactos con “Los Chapitos”.

La sonrisa triunfal que la 4T mostraba cuando arrasaba en las urnas hoy luce más forzada que nunca. Porque gobernar no es solo ganar elecciones. Es también asumir responsabilidad cuando el poder se pudre desde adentro.

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