La exfuncionaria solicitó que las autoridades investiguen si estos hechos constituyen represalias
Enid Álvarez Soberanis, quien durante 12 años encabezó el Departamento de Comunicación Social y el Centro de Medios y Servicios Audiovisuales para Telemedicina (CEMESATEL) del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), denunció haber sido separada de sus funciones después de presentar diversos señalamientos ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno relacionados con el manejo de recursos y la operación del área.
De acuerdo con un comunicado difundido por la propia denunciante, el 15 de julio presentó una ampliación de su denuncia y ese mismo día la directora de Enseñanza y Desarrollo Académico, Claudia Gutiérrez Camacho, le solicitó su renuncia por presunta “pérdida de confianza”. Álvarez Soberanis afirmó que rechazó firmar el documento y pidió conocer las razones específicas de la decisión.
Según su versión, al día siguiente se le impidió el acceso al hospital y el 17 de julio fue retirada por personal de seguridad cuando acudió a entregar una copia de su denuncia al Órgano Interno de Control.
La exfuncionaria solicitó que las autoridades investiguen si estos hechos constituyen represalias, al señalar que la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno había emitido previamente medidas de protección para personas denunciantes, entre ellas la preservación de sus condiciones laborales y la prevención de ceses o remociones injustificadas.
En su denuncia también expone presuntas irregularidades relacionadas con la contratación del personal especializado que laboraba por honorarios, retrasos en los pagos, el uso de recursos para la sustitución del equipo institucional encargado de las transmisiones académicas y la administración de los recursos destinados a las actividades del CEMESATEL.
Álvarez Soberanis sostuvo que el conflicto surgió tras la falta de formalización de contratos para el personal especializado durante los primeros meses de 2026, situación que, asegura, derivó en la suspensión de diversas actividades académicas y de comunicación institucional.
Asimismo, afirmó que el CEMESATEL representa una capacidad técnica desarrollada durante más de una década con recursos públicos, lo que permitió ampliar de manera significativa la producción audiovisual y las transmisiones académicas del Hospital.
Finalmente, pidió la intervención de las secretarías de Salud y de Anticorrupción y Buen Gobierno para que se investiguen de manera independiente los hechos denunciados, se garantice la protección de las personas denunciantes y se esclarezca el manejo de los recursos destinados al área.
Con información de López-Dóriga Digital
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