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Promover la cultura de la legalidad es una tarea enorme que requiere de la colaboración corresponsable de ciudadanos y autoridades, que demanda además aprovechar las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Nuestro tiempo se distingue por el vértigo en el que viajan los contenidos y se modulan las percepciones colectivas. Por ello es imprescindible incorporar los lenguajes originales de la era digital. 

En este sentido, la Secretaría de la Función y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, a través de la Región Centro-Pacífico, lanzaron la convocatoria al Noveno Concurso Nacional de Transparencia en Corto, dirigido a captar la participación de jóvenes entre 16 y 25 años, individual o colectivamente; deberá tener cada cortometraje una duración máxima de 90 segundos incluyendo créditos y deberá contener con sus respectivos subtítulos; no se permitirá el uso de clichés televisivos, imágenes de crestomatía, música comercial ni lenguaje obsceno; y, por último, sólo se admitirán trabajos inéditos que no hayan sido producidos por encargo de alguna institución pública o privada o comercializados previamente.

La materia del certamen consistió en que se presentaran cortometrajes que, en forma breve y clara, mostrasen cómo el activismo cívico de personas de todas las edades y géneros, impulsa la transparencia y la rendición de cuentas como instrumentos para combatir la corrupción. 

La convocatoria abarcó el periodo del 18 de julio al 30 de septiembre de 2014, recibiéndose 368 cortometrajes originarios de 25 Entidades Federativas. Para evaluar los trabajos se consideraron los siguientes criterios: creatividad (30%), contenido (30%), impacto social (30%) y calidad del video (10%). Las propuestas fueron objeto de dos evaluaciones rigurosas emprendidas por expertos: una primera ronda, a cargo de Sara Hoch, Liliana Baeza, Daniel Kandell y Ariadna del Castillo, representantes del Festival Internacional de Cine de Guanajuato; y una segunda ronda, por Yuria Goded Garzón, Mara Soler Guitián y Sigfrido Barjau de la Rosa, especialistas del Instituto Mexicano de Cinematografía, y también por Eduardo Bohórquez, titular de Transparencia Mexicana, A.C. 

Tan alto perfil profesional y técnico garantizó que los diferentes aspectos a considerar en los cortometrajes estuviesen plenamente cubiertos, con absoluta autonomía y objetividad. 

La ceremonia de premiación tuvo lugar en la ciudad de Querétaro, el pasado 27 de noviembre de este año, en el marco de la LIII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Los vencedores de esta iniciativa fueron:

– Primer Lugar: Ajedrez, de Héctor David Solís (Baja California).

– Segundo Lugar: Oficial corrupto, de Oziel Gutiérrez (Aguascalientes).

– Tercer lugar: Quédate con el cambio, de Creativos y Asociados (Estado de México).

Quienes justipreciaron los méritos de las producciones visuales asimismo decidieron otorgar dos menciones honoríficas: 

– Uno para todos, de Los cineastas frustrados (Michoacán).

– Siluetas, de Brendis (Jalisco). 

A los galardonados también se les impartió un curso-taller de producción cinematográfica por parte de reconocidos expertos, quienes formaron parte del Jurado correspondiente. Se reconoce así que los medios de comunicación son un vehículo eficaz en la transmisión de ideas, la difusión de actitudes y la divulgación de la crítica. Pensar en las posibilidades de la infraestructura educativa y cultural, y el sistema de valores y referencias de conducta, deviene fundamental si en verdad estamos comprometidos con la formación de ciudadanos libres y comprometidos con su circunstancia.

Nadie duda que el respeto a la legalidad, el acatamiento de las normas jurídicas, la prevención del delito y de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sean torales en el combate frontal a la corrupción. Sin embargo, si queremos ganar en la causa del Estado de Derecho a los jóvenes debemos incursionar  en sus lenguajes y temáticas, comprender sus aspiraciones y conocer sus frustraciones. De no hacerlo, serán personas alejadas de la participación social en los asuntos relevantes del Estado Mexicano como es desterrar la corrupción en nuestro país.