No se trata de buscar la confrontación con el gobierno del presidente López Obrador, sino de exigir el cumplimiento de los compromisos
No debió haber sido fácil para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, autorizar la publicación del comunicado de la semana pasada en el que le reclaman al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la falta de certidumbre jurídica por el incumplimiento de contratos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Eso sí, en ninguna parte de este comunicado aparece el nombre del presidente del CCE, como sí aparecía en otras comunicaciones donde se adulaba a la 4T.
Pero es prácticamente un hecho que después de esta postura Carlos Salazar deberá moderar sus alabanzas al actual gobierno. O, incluso, tomar una postura más firme de oposición a sus decisiones.
El comunicado dice que las acciones unilaterales de la CFE en contra de los contratos con particulares en materia de gasoductos van en contra del compromiso que el CCE realizó con el presidente López Obrador para fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, en el que el sector privado se comprometió a aumentar sus inversiones y el gobierno a facilitarlas.
Es el reclamo lógico de un sector privado que no está obligado a lo imposible, a invertir miles de millones de dólares, si por parte del gobierno federal lo que realmente hay son trabas y no facilidades para la inversión.
Y es que menos de 15 días atrás se firmaba el Acuerdo entre el Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente. Este acuerdo decía que se requería de un ambiente propicio para la inversión a través de reglas y mensajes claros y propositivos que generen confianza y estabilidad para invertir.
En más de este acuerdo de letra muerta, se señalaba que eran necesarios un Estado de Derecho fuerte y eficaz, estabilidad macroeconómica y el compromiso de resolver, con estricto apego al marco jurídico, los obstáculos de ejecución que con frecuencia impiden la realización de proyectos de inversión.
Pero hay algo más en este acuerdo que tiene la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador, de su jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y del entonces entusiasta de la 4T, Carlos Salazar Lomelín. Dice el texto a la letra que, en el sector energético, se deben cumplir los contratos de inversión suscritos entre empresas y el sector público para incrementar la producción de petróleo, gas y energía eléctrica. Insisto, está firmado por el presidente. Es justo lo que 15 días después el gobierno federal incumplió.
El golpe a la confianza y el traspié que puede sufrir incluso el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) deberían de ser razones suficientes para que el presidente del CCE, Carlos Salazar, retome el papel que debe tener como representante empresarial, uno de defensa férrea, firme en los intereses del sector privado.
No se trata de buscar la confrontación con el gobierno del presidente López Obrador, sino de exigir el cumplimiento de los compromisos de estabilidad y respeto a la actividad empresarial.
No puede quedar el presidente del Consejo Coordinador Empresarial como un aplaudidor más de un gobierno que es capaz de firmarle un acuerdo de compromisos y 15 días después dejar en evidencia lo ingenuos que pueden ser sus admiradores.
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