¿Sana distancia?

Vigente, el plan mínimo de operaciones (sic) en el Senado, desde el pasado jueves 26. Esa noche, después de la sesión plenaria, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, expidió una circular para instruir a las áreas competentes —­entre otras cosas— que aseguraran “el funcionamiento logístico de las reuniones de los órganos de gobierno, de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC y del Grupo Plural de Trabajo creado para dar seguimiento a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus Covid-19”. El viernes 27, la legisladora tabasqueña despachó desde su oficina. De hecho, fue la única de los 128 integrantes de ese órgano que acudió al recinto parlamentario. Pero al día siguiente vino el llamado “enérgico y contundente” del subsecretario ­Hugo López-Gatell a la población para permanecer en casa y cancelar las actividades no sustantivas.

Atenidos al plan mínimo, los integrantes del grupo plural de senadores que dará seguimiento al Covid-19, coordinado por el nayarita Miguel Ángel Navarro Quintero, habían planeado su primera sesión de trabajo para este martes, en la sede del Senado. Y Martí Batres —a través del oficio LXIV/No. 050/2020— solicitó a la Mesa Directiva incluir en el orden del día de la próxima sesión ordinaria la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para crear un fondo especial para atender la emergencia económica y social ocasionada por la pandemia del Covid-19.

Fernández Balboa tuvo que actuar con firmeza. Y decretó el cierre de actividades dentro del recinto legislativo para los 128 senadores, a quienes conminó a utilizar los mecanismos tecnológicos a su alcance para llevar a cabo reuniones a distancia. “Lo anterior, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las disposiciones oficiales en materia de salud y evitar riesgos de contagios”, justificó. El oficio de la presidenta del Senado antecedió a la declaratoria del Consejo de Salubridad General, sobre la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SAR-CoV-2, hasta el próximo 30 de abril. Las tareas legislativas fueron definidas como “actividades esenciales”, pero atenerse a la extensión de la jornada nacional de sana distancia, que prohíbe celebrar reuniones a las que concurran más de 50 personas.

Sin instrucciones precisas, el cierre de oficinas de atención al público quedaba a la discrecionalidad de funcionarios. Y las quejas se multiplicaron: los empleados de la agencia para la Seguridad Alimentaria, en Copilco, fueron obligados a presentarse a laborar, lo mismo que en las sucursales del Infonacot, donde a finales de la semana pasada aparecieron letreros cerca de la oficina de la subdirectora comercial, Ruth Bravo Martínez, en los que se leía: “Estimados clientes: les informamos que seguiremos trabajando para brindar el mejor servicio hasta que el coronavirus mate al último de nuestros empleados”.

Ironías aparte, esa institución no vive el mejor de los climas laborales. A finales de la semana pasada, el abogado general, Juan Simitrio Rodríguez, presentó su renuncia luego de seis meses. Esta dimisión tendrá efectos a partir de hoy.

Efectos secundarios
LAMENTOS. Antes del lockdown en el Senado, el pleno conoció el dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda correspondiente a una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para obligar a las plataformas de streaming —llámese Netflix, Blim o Amazon Prime Video— a incorporar al menos 30% de contenidos. Los supuestamente favorecidos tampoco estuvieron de acuerdo ante los huecos de la propuesta, sustentada por ­Ricardo Monreal: no se definen si son horas o productos, tampoco define un monto de inversión mínimo, ni distingue lo que es producción original, coproducción y compra de enlatados.

VERSIONES. Con más de medio millar de solicitudes de información tramitadas ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el abogado Filiberto Lozano Romero acudió hace dos meses al Congreso local para exigir que los tres integrantes del pleno de ese órgano garante fueran desaforados y también acudió a la Fiscalía anticorrupción local para denunciar a Yolli García Álvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, presuntamente responsables de los delitos de incumplimiento del deber y abuso de autoridad. La primera fue detenida hace cinco días, luego de quedar suspendida por no justificar su patrimonio ni los gastos que autorizó cuando presidió al IVAI. El contralor del organismo detectó una trama inmobiliaria que involucra tres inmuebles adquiridos por García Álvarez y su esposo, Adán Armenta Gómez, en Baja California Sur. Al margen de las versiones locales, que hablan de una venganza del gobernador morenista contra los transparentólogos, este caso es seguido muy de cerca en el Tribunal electoral del poder judicial federal, el INE y el InfoDF, donde García Álvarez cuenta con aliados poderosos.