¿Rumbo al Senado?


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Alberto AguirreSignos vitales

De los 71 aspirantes priistas al Senado de la República que tramitaron su registro ante la Comisión Nacional de Procesos Internos, 11 fueron declarados “no procedentes”. Con ese eufemismo quedaron marcados por rebelarse, irse por la libre.


De los 71 aspirantes priistas al Senado de la República que tramitaron su registro ante la Comisión Nacional de Procesos Internos, 11 fueron declarados “no procedentes”. Con ese eufemismo quedaron marcados por rebelarse, irse por la libre.

Si Pepe Meade no pudo sacar adelante sus propuestas para las gubernaturas (aquellos que deberán aportar un caudal de votos, por ejemplo, Chiapas, Guanajuato y Puebla), ¿por qué los gobernadores del tricolor tendrían que imponer su línea?

Antonio Astiazarán fue alcalde de Hermosillo, pero ni Claudia Pavlovich ni Manlio Fabio Beltrones ampararon sus pretensiones. Quedó descartado. No procedente porque no cuenta con los respaldos de las bases, pero ¿cómo podría conseguirlos si no cuenta con el respaldo de la gobernadora y su jefe, Luis Miranda, está encargado de apagar la rebelión del PVEM en Chiapas?

La línea del centro no operó, sobre todo las entidades donde gobierna el PAN. En Baja California, el PRI no pudo sacar una sola candidatura de unidad para los siete distritos federales ni las dos fórmulas para el Senado por lo que la exlideresa del PRI estatal, Nancy Sánchez, deberá competir con Amalia Lorena Mora Rubio.

En Aguascalientes, el excandidato a diputado federal Gregorio Zamarripa y Alan David Capetillo tendrán que declinar a sus aspiraciones para abrir paso a la dupla autorizada por el CEN, que integran Lorena Martínez y Gustavo Adolfo Granados. En Querétaro, el abogado constitucionalista Jesús Rodríguez Hernández fue impedido de ejercer sus derechos políticos. Y llevará su caso al Tribunal Electoral.

En Guanajuato, la unción del senador Gerardo Sánchez como candidato a la gubernatura trastocó los equilibrios precarios entre las corrientes locales. Para la fórmula correspondiente a su género, competirán las diputadas Bárbara Botello y Azul Etcheverry, quien cuenta con la simpatía de Los Pinos.

En Nayarit, quedaron como no procedentes Efraín Arellano y José Arturo Elenes. En Morelos, Roberto Abe. Y en Tabasco, Alberto Gular Solórzano.

Aquella entidad del sureste es uno de los casos más dramáticos. El CEN priista decidió que la exrectora de la UAT, Candita Gil, encabece la fórmula femenina, lo que dejó en el camino a la presidenta del capítulo local de la Fundación Colosio, Lorena Beauregard de los Santos, y a Liliana Ivette Madrigal.

En el extremo opuesto están aquellos “candidatos únicos”, sin rivales ni acompañantes a una interna decidida de antemano. Es el caso de Jorge Carlos Ramírez Marín, en Yucatán; Claudia Anaya, en Zacatecas; Nuvia Mayorga, en Hidalgo; María Rebeca Terán, en San Luis y Raymundo King en Quintana Roo.

Para la Ciudad de México se perfilan Beatriz Pagés y José Encarnación Alfaro, pero enfrentarán a Martín Olavarrieta y Margarita Sánchez Gavito. La disputa por las candidaturas a diputados federales todavía es más acendrada y con aspirantes: 54 para apenas 11 distritos.

En Guanajuato se registraron 40 aspirantes. En Jalisco, 38. Y en el Estado de México, 35. ¿Y las candidaturas de unidad?

EFECTOS SECUNDARIOS

¿ABUSIVOS? Media docena de militantes de Mexicali Resiste, el movimiento social que se opone a la privatización del agua en Baja California, fueron puestos en libertad luego de que violaran las medidas cautelares impuestas por un juez. Los manifestantes trataron de impedir el avance de las obras de urbanización que se realizan a las afueras de la planta cervecera de Constellation Brands. Tanto mitote ha traído dudas respecto de la vigencia del Estado de derecho en aquella parte de la península que gobierna el panista Francisco Vega. Y más después de los infructuosos esfuerzos del gobierno del estado para alcanzar acuerdos entre el grupo encabezado por Rigoberto Campos y la empresa Constellation Brands, que instalaría una planta cervecera en la urbe cachanilla. Ante la inoperatividad de las autoridades estatales, hace un par de días ya salió a escena la Secretaría de Gobernación a través de su delegado regional, Rafael Oceguera Ramos, quien dejó claro que la cervecera cumple con todos los permisos, está apegada a la regulación que marca la ley y se queda en la entidad. El funcionario mencionó que hay claros intereses políticos electorales detrás de los grupos de resistencia, los cuales tienen todo el derecho a manifestarse, pero sin caer en la ilegalidad. Con esto, la Federación da su posición al respecto y lanza un mensaje, que pretende dar certeza a las inversiones extranjeras futuras y a las que ya están en proceso.

BRINCOLINES. En tres meses, Areli Cano Guadiana y Ximena Puente dejarán sus cargos en el pleno del INAI, pero quizá deban ausentarse en breve: Cano Guadiana está en la septeta de personalidades que busca un asiento en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y en caso de ser electa, asumiría sus nuevas funciones el próximo 8 de febrero… aunque no se tiene conocimiento de que haya tramitado una licencia para intervenir en este proceso electivo. Puente, por su parte, accedería a una candidatura al Senado. ¡Órale!

REGIÓN 9. Hace una semana, el secretario Gerardo Ruiz Esparza pasó la tarde con Bernardo Sepúlveda y Eugenio Galdón, de Grupo Altán, para las primeras pruebas de la Red Compartida. Junto con Soraya Pérez, del Indaabin y Fernando Borjón, de Promtel, acudieron al centro de monitoreo, ubicado en el corazón del Nuevo Polanco, y después alcanzaron al gobernador Alfredo del Mazo Maza, pues el primer despliegue de esta nueva tecnología estuvo listo en el valle de Toluca. Las centrales en Tultitlán —en un centro operado por KIO— y Monterrey, y si los socios tecnológicos logran resolver los problemas surgidos en la implementación, podrá entregarse dentro de dos meses. Al menos, ésa es la instrucción presidencial.

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  1. Desmoches en el Senado

    Apenas si habían transcurrido 72 horas del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzaron a aplicar las medidas de austeridad en el Senado de la República. A partir del 5 de julio comenzó un recorte hormiga. Antes de que concluyera ese mes, casi un millar de trabajadores —contratados por honorarios— ya habían dejado sus puestos y otro millar de personal comisionado a las oficinas de atención de los 128 integrantes de la Cámara Alta, también fueron liquidados.

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