Con el magistrado Jorge Camero suspendido, Riobóo consuma una venganza personal y elimina un estorbo para realizar su capricho del aeropuerto de Santa Lucía
Al magistrado “opositor” a Santa Lucía le reactivan una calumnia gestada por el empresario José María Riobóo sobre la imaginaria compra ilegal de una casa, lo que ya investigó de oficio y desechó a principios del año pasado el Consejo de la Judicatura Federal. Además, le inventan que posee inexplicables 80 millones de pesos, perversidad que lo deja en entredicho pero de paso empaña la imparcialidad del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, porque, sin averiguación de una cosa juzgada, el viernes condenó a un compañero de trayectoria impecable (30 años), cuyo principal problema hoy es padecer una enfermedad terminal (cáncer de páncreas que capotea sometiéndose a quimioterapia).
Por fortuna, el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó el viernes: “Quien está tomando esta decisión tiene que probar que en efecto hay corrupción”. Para asegurarse, a mi compañero de páginas, Zaldívar, le bastaría revisar lo hecho por la Unidad de Investigación del Consejo de la Judicatura, que le revisó al magistrado Jorge Camero ingresos y gastos de los cinco años anteriores y no halló razón para iniciar un procedimiento de responsabilidad.
La insidiosa especie sobre la casa comprada con dinero dizque mal habido se incubó en el Colegio West Hill, propiedad del contratista Riobóo, del que era vicepresidenta del border de directores su esposa Jazmín Esquivel Mossa (a quien el presidente López Obrador propuso, con éxito, para ocupar el asiento de Margarita Luna Ramos en el Pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia). En esa escuela inició la preparatoria uno de los hijos de Camero, sufriendo atropellos y difamaciones que constituyeron los delitos de privación ilegal de la libertad, incomunicación y alteración de documentos oficiales, según consta en expedientes de la Secretaría de Educación, el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, la Procuraduría General de la República, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo de la Judicatura Federal.
Por intervención de Raúl Cervantes, entonces procurador, y del primo de este, Humberto Castillejos, a la sazón consejero jurídico del Poder Ejecutivo, el pleito acabó con el desistimiento de las acusaciones que el magistrado levantó contra el colegio de Riobóo.
Durante aquella desgreñada, en el plantel aparecieron carteles contra un falso porky, como le apodaron al hijo de Camero en alusión a los abusadores sexuales de Veracruz, así como el infundio sobre la casa del Pedregal que, como se comprobó, fue adquirida con el dinero de la venta de la que tenía el magistrado en Las Águilas y el llamado Seguro de Separación Individualizada. Que la escriturara a nombre de sus hijos no contraviene ley alguna).
Con Camero suspendido, Riobóo consuma una venganza personal y elimina un estorbo para realizar su capricho donde, según él, los aviones “no chocan porque se repelen…”
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