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La película de la lucha contra la corrupción en este gobierno tiene libreto: Emilio Lozoya fue excarcelado. Y tiene música de fondo: la grabación del empresario tabasqueño vendedor del balasto para el Tren Maya, diciendo “cuando se descarrile, va a ser otro pedo”.

A dos meses de las elecciones, imposible olvidar que fue puro humo la promesa oficial de acabar con la corrupción. Al contrario: la nueva estructura de poder en México fue edificada para que sus integrantes se enriquezcan de manera rupestre y grosera.

Sí: resultó un error colectivo (un error dramático, por cierto) descubrir que le encantaba la lana a este grupo político, con sus integrantes que, antes de ganar, vestían ropas mal cortadas, comían garnachas y andaban en coches usados. Pura fachada.

Fue un fracaso regir la lucha anticorrupción por la honestidad inmaculada de una persona común, y no por instituciones vigiladas, como venía gestando la sociedad poco a poco desde el 2000: la honestidad inmaculada no existe en las personas comunes.

Un estudio del TEC de Monterrey demuestra que apenas la mitad de 28 programas sociales de este gobierno, pueden ser revisados por la ciudadanía, para saber en qué consisten, a quiénes llegan, cada qué tiempo.

Ningún programa cuenta con un comité de vigilancia ciudadana, únicamente algunos disponen de algún elemento que permita a la ciudadanía verificar su funcionamiento, ni registran auditorías financieras: una opacidad casi general.

Otro ejemplo del fomento a la corrupción en este gobierno, es que casi no licita las obras que construye con el dinero de quienes pagan impuestos: entrega ocho de cada 10 contratos por adjudicación directa: a dedo.

Y cuando un gobierno compra o contrata una obra pública, tiene dos opciones: invitar a participantes para contratar al que ofrezca mejores condiciones, o adjudicar de manera directa el contrato a una persona sin competencia alguna.

La Constitución (artículo 134) aclara que la licitación pública debe ser la regla; y que la licitación a dedo sólo deben realizarse de manera excepcional. El asunto es que este gobierno abusa del dedazo: da así ocho de cada diez obras.

Y, sí, antes había corrupción. Pero del cuarto año de Calderón al último de Peña, fueron investigados por corrupción 19 gobernadores; Peña metió seis a la cárcel, y ninguno fue acusado de robar más de lo que se robaron en Segalmex con Ignacio Ovalle.

Bajo la dirección de Ovalle, desfalcaron 20 mil millones. Pero fue ascendido a un alto puesto en Gobernación, porque su jefe el presidente dice que “es una gente buena desde mi particular punto de vista”.

Ahí está el gran error de la lucha anticorrupción en México: se hace desde el punto de vista de una persona.

Y no bajo la ley.