Es decir, el actual gobierno no eliminó de los gobiernos pasados lo que no funcionaba, sino lo que le dio la gana, como los 109 fideicomisos o las escuelas de tiempo completo, pero, por ejemplo, dejó el inservible programa de testigos protegidos
Los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados por el cártel Guerreros Unidos, al confundirlos con integrantes del cártel de Los Rojos. Al jefe de sicarios de Guerreros Unidos, este gobierno le dio, hasta abril pasado, manutención, vivienda, protección y salario. Hasta que se le escapó.
A pesar de que la figura de Testigo Protegido no funcionó en los gobiernos pasados, el actual la mantuvo y se le obsequió a El Gil, quien confesó haber recibido a los normalistas en Cocula para que fueran asesinados, incinerados y, luego, desperdigar sus restos en el río.
Una falla procesal en la fecha de captura permitió que el sicario quedara en libertad, junto con otros 120 participantes más, entre ellos uno a quien Tomás Cerón le violó los derechos humanos porque lo interrogó esposado y con la cabeza cubierta por una playera.
El para programa de testigos protegidos con el que fue beneficiado el sicario, contempla, para cada persona que es incluida, gastos de manutención, vivienda, protección, beneficios procesales y un salario de hasta 50 mil pesos mensuales. Todo de nuestros impuestos.
Pero, desde el pasado cinco de abril, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX no encuentra a El Gil en el domicilio que registró para su localización. Y la PGR giró una orden de búsqueda y captura. No se sabe si para encarcelarlo, o volver a protegerlo.
El Gil es, ahora, uno de los 80 participantes en el asesinato de los normalistas que fueron liberados en los dos primeros años de gestión del actual gobierno, y que la semana pasada el presidente ordenó que vuelvan a ser capturados, porque siempre sí participaron.
Gildardo López Astudillo (como testigo protegido se identificaba como “Juan” en las declaraciones ministeriales) fue reclutado en 2020 por el entonces subsecretario de Segob, Alejandro Encinas, y el fiscal Omar Gómez para que les contara lo que ellos querían contar del Caso Iguala.
Sin embargo, el programa de testigos protegidos ha sido un fracaso en todos los gobiernos. de 2007 a 2017, en tres mil averiguaciones previas, los dichos de los testigos protegidos nunca pudieron ser comprobados: la gran mayoría de los acusados quedaron en libertad.
Los detenidos confesos declaraban lo que les pedían algunos funcionarios, para poder hacer consignaciones. Un caso tristemente célebre fue el de Salvador Puga Quintanilla, El Pitufo: declaró en más de 600 casos y todos sus señalados quedaron libres.
Es decir, el actual gobierno no eliminó de los gobiernos pasados lo que no funcionaba, sino lo que le dio la gana, como los 109 fideicomisos o las escuelas de tiempo completo, pero, por ejemplo, dejó el inservible programa de testigos protegidos.
Para usarlo a su favor.
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