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El presidente se molestó con la DEA por informar que los dos principales cárteles mexicanos tienen 40 mil integrantes, socios y distribuidores en el mundo. Pero la DEA se queda corta: esos 40 mil son únicamente en México.

Matemática simple: narcos no son sólo los sicarios; y el crimen organizado opera en 102 de dos mil 471 municipios, y tiene a la orden a gatilleros, policías, goteras, soldados, abogados, taxistas, políticos, médicos, halcones, contadores, amas de casa.

En las sucursales del Banco del Bienestar en rancherías, hay decenas de personas para cobrar remesas, sobre todo amas de casa que ni saben el nombre del remitente, custodiadas por jóvenes con radios de frecuencia.

En CDMX, Cancún, Acapulco, Cuernavaca… taxistas miembros de los cárteles recogen a sus víctimas en bares y les roban. Esos taxistas, llamados “tarjeteros”, actúan en complicidad con los dueños de los centros nocturnos.

Sí, la DEA yerra, al fijar en 40 mil personas en 100 países, apenas de JNG y Sinaloa. Son más, pues sólo en México el narco tiene presencia en 81 por ciento del país, con 175 cárteles.

¿Cuántas personas están involucradas en el lavado de dinero que los cárteles meten al sistema financiero formal, a través de transferencias electrónicas, cuentas de negocio legítimas y depósitos con compañías de remesas?

Banxico informa que llegan 58 mil millones de dólares al año en remesas, pero las familias mexicanas reportan en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares del INEGI recibir tres mil millones de dólares.

Para mover toda esa ingeniería financiera, los cárteles necesitan desde gerentes hasta sencillas amas de casa que hacen filas en miles de sucursales ubicadas en páramos, para recibir remesas de desconocidos y entregarlas a un sicario.

Así que lo de menos son quienes aprietan el gatillo: esos quizá no llegan a 40 mil, ni falta les hace, pues son muy efecticos: en cinco años de gobierno han asesinado a 163 mil 200 personas en el país, casi ocho mil más que en todo el sexenio pasado.

Lo llamativo es que el presidente de México se tome como asunto de Estado las acusaciones a los cárteles mexicanos, y pase por encima de toda consideración política para quitarles a éstos supuestas responsabilidades. Ejemplos sobran. Veamos dos:

1.- Iracundo, le pidió a la DEA pruebas sobre su aseveración de que los cárteles de Sinaloa y JNG tienen más de 40 mil miembros repartidos en 100 países.

2.- Enseguida afirmó que “no hay elementos” que sostuvieran la versión de que el cártel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

Pero queda muy claro que son más de 40 mil.

La DEA se queda corta.