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El EPR me pregunta en su comunicado del 28 de octubre. Respondo.

P: Con las decenas de miles de detenidos-desaparecidos que existen en el país por motivos políticos y sociales, ¿ya se compara nuestro país y los gobiernos neoliberales con los niveles de barbarie que cometieron gobiernos dictatoriales y autoritarios en Centro y Sudamérica para ser denunciados como crímenes de lesa humanidad?

R: No se compara. Chile, Argentina y otras naciones centro y sudamericanas padecieron el terrorismo de Estado en los años setenta y ochenta; Guatemala, desde 1954; El Salvador, por décadas. Sigo pensando que lo nuestro en estos años es una lucha contra los grupos criminales, no contra las organizaciones políticas y sociales. Puede ser una lucha mal ejecutada, pero bajo ninguna categoría califica como terrorismo de Estado, entre otras cosas porque quien considera que se cometen crímenes de lesa humanidad puede denunciarlos en tiempo presente y exponerlos sin restricciones en los medios de comunicación.

P: ¿Ya se dio cuenta de que en el país no solamente existen dos detenidos-desaparecidos?

R: No entiendo a qué obedece la pregunta. Les pediría revisar el debate de varios días que tuve al respecto con la Secretaría de Gobernación y Human Rights Watch en febrero de 2013. Les reclamé a ambos seriedad, precisión, en un tema tan delicado, doloroso.

P: ¿Ya reparó que son decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales y miles de tumbas clandestinas donde impunemente fueron arrojados?

R: Reparé desde febrero de 2007. Como directivo de MILENIO, coordiné editorialmente desde entonces un registro de ejecuciones, precisamente para confrontarlo mes a mes con las cifras oficiales. Y así lo hice hasta hace un año, cuando dejé de ser directivo.