Renuncias y escándalos

Quiso la fortuna que Luis Antonio y Heladio Elías Ramírez Pineda dejaran el mismo día sus cargos en la Administración Pública Federal. Hijos de un exgobernador oaxaqueño —el decano entre los exmandatario de aquella entidad de origen priista— formados en las mejores universidades del país, llegaron a la Cuarta Transformación por vías distintas.

Luis Antonio y su hermana menor Narcedalia —se llevan un año de edad— hicieron carrera política dentro del PRI y tuvieron experiencia parlamentaria. Ella, quien además está al frente la Fundación Ayú que realiza tareas filantrópicas en la Mixteca, fue compañera de legislatura de Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo (2009-2012) y en el primer tramo del sexenio peñista estuvo al frente del Instituto Nacional de la Economía Social.

En esa misma legislatura (LXI), Luis Antonio estuvo al frente del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Un sexenio antes había ocupado una curul en San Lázaro, donde fue secretario de la Comisión de Presupuesto. En el 2016 llegó al Congreso de Oaxaca y ocupó la presidencia de la Comisión de Hacienda. Otro hijo de un exgobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, también estuvo en la boleta electoral… y logró repetir los logros paternos.

Ramírez Pineda se incorporó a la Cuarta Transformación en el 2018, por designación presidencial. Los tres primeros años del sexenio lopezobradorista estuvo al frente del ISSSTE y a finales del 2021 fue reubicado en Nacional Financiera. Un nombramiento que frenaba sus aspiraciones por la candidatura —ahora por Morena— a la gubernatura.

Sus antecedentes familiares, su experiencia en otras instituciones financieras del Estado —la Financiera Rural y FIRA, en el sexenio calderonista— y su buena relación con Palacio Nacional, ayudaron a su permanencia en Nafin-Bancomext.

La salida de Rogelio Ramírez de la O de Hacienda anticipaba una pronta reubicación del economista oaxaqueño. La salida de su hermano mayor —abogado— ha resultado más notoria, por escandalosa. El presidente de la comisión de vigilancia de la ASF, el pevemista Javier Herrera Borunda —también hijo de exgobernador priista— confirmó que hubo denuncias en su contra, por acoso.

“Al lado de mi renuncia formal, me es importante entregarle mi gratitud por las enseñanzas humanas y políticas que hoy ya forman parte de mi patrimonio intelectual más preciado”, subrayó Ramírez Pineda en el oficio que remitió, el pasado viernes 15, al auditor superior de la Federación. “Expresamente quiero dejarle mi testimonio entrañable por permitirme trabajar con entera libertad, sin callar irregularidades, sin actitudes acomodaticias, respetando siempre mis principios, mi mirada crítica, sin protagonismos vanos, pero ajustándome siempre a las reglas y políticas de la auditoría”, suscribió.

Nada, sobre las acusaciones en su contra, por presuntas conductas inapropiadas, que llegaron a la fiscalía capitalina, por los personajes involucrados. Versiones no confirmadas apuntan a la intervención directa de Bertha Alcalde Luján en este asunto.

Ante la contundencia de las evidencias —los testimonios de las denuncias y los videos— el auditor superior habría requerido la renuncia de su paisano a la dirección general jurídica de la ASF. Su hermana Narcedalia también trabajó con Colmenares Páramo, como asesora en la oficina del titular.

Efectos secundarios

INCÓMODOS. Las pugnas entre proveedores de los servicios de telepeaje han desvelado un intrincado sistema para estropear el cobro en las carreteras administradas por Caminos y Puentes Federales. La evidencia disponible apunta al uso de escritorios remotos para desactivar la tecnología de las casetas, manipulación de algoritmos y más… hechos que han ocurrido ¡durante décadas! Y que implican empresas controlaron el servicio y mantenimiento de los sistemas de peaje. En medio de este escándalo, Manuel Rodríguez Arregui, exsubsecretario de la SCT, reapareció para difundir versiones distorsionadas y convenientemente olvidó mencionar que las empresas que perdieron presentaron propuestas incompletas.