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El conflicto está ahí. Es como una densa nube colocada encima de nosotros. Uber avanza en México, para beneplácito del público y preocupación beligerante de los taxistas. La toma de posición de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) añade unos grados de temperatura a algo que está tomando calor. Una organización de taxistas advierte que no se quedará con los brazos cruzados. Advertencias aparte, ha habido episodios de ataques contra vehículos Uber. Queda claro que hay grupos de choque en el mapa.

¿Qué papel debe jugar el gobierno? Las leyes y reglamentos no anticipaban la aparición de un fenómeno como Uber. Tenemos un sistema de transporte sobrerregulado. Una autoridad local determina el número de vehículos que prestan el servicio, el costo de las placas que otorgan el derecho a “trabajar”, las tarifas que cobran y hasta el color de los coches. La mayor parte de estas exigencias oficiales sólo tienen sentido para generar ingresos al gobierno y el poder de control de los funcionarios. Ninguna de estas reglas agrega valor al servicio que reciben los usuarios. Ninguna de estas reglas aplica para Uber y servicios similares, como Cabify.

La toma de posición de la Cofece tiene una importancia más simbólica que determinante. Confirma lo que los usuarios ya sabíamos: al servicio de transporte privado local le hace falta competencia y Uber ofrece beneficios en este renglón. ¿Qué tanto cuenta la opinión de la Cofece? Poco si se compara con las decisiones de las autoridades de transporte local. Hasta ahora han sido ambiguas. Es fácil entender por qué: tienen un conflicto de intereses. Las secretarías de Vialidad y Transporte han dado vida y forma ‎al sistema de taxis. Son beneficiarias de este sistema. De él derivan poder e ingresos. En algunos casos, los funcionarios son parte del negocio: propietarios de flotillas de taxis.

La entrada a escena de la Cofece es muy importante. Nos recuerda que el conflicto entre Uber y los taxistas no puede ser ignorado ni dejado sólo en las manos de las autoridades locales de transporte. Es obvio que la tensión puede crecer y convertirse en un foco de violencia. ¿Debemos esperar a que haya muertos o a que los taxistas se alíen con la CNTE?

Uber es mucho más que un servicio de transporte pirata y debe ser tratado a partir de reconocer su complejidad. Ofrece soluciones de movilidad y trae competencia en un mercado oligopólico. Es un generador de empleos y puede contribuir a la recaudación fiscal. Debemos tener cuidado y no idealizarlo. Es un modelo de negocio que puede hacer daño. No me refiero sólo al perjuicio que sufren los taxistas por su irrupción y competencia. Uber es un caso ejemplar de lo que se conoce como capitalismo de plataforma digital. Tiene en su ADN la tendencia al control monopólico del mercado. Ahora es un libertador. Puede convertirse en un opresor si dejamos todo en manos de las leyes del mercado sin regulación.

La solución al caso Uber no llegará si miramos a otro lado mientras crece su importancia y la inquietud de los taxistas. ¿Cómo reconocer los derechos de estos trabajadores del volante en un contexto de modernidad? Es injusto tratarlos a todos como si fueran un cartel.

La regulación de Uber requiere una mesa que debe ser integrada con creatividad, con autoridades locales de transporte y taxistas, sí, pero no sólo ellos. Consumidores y representantes del “mundo” digital. Es un tema del futuro. Para él no sirven las herramientas del siglo XX.