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No hay uno solo de los legisladores de oposición que no entienda que si las finanzas públicas no emprenden un proceso de corrección, México va a tener consecuencias financieras funestas.

Ni uno solo de ellos ignora que recortar los ingresos públicos implicaría que los gobiernos que ellos detentan en estados, municipios y delegaciones recibirían menos recursos para su gasto.

Que lo sepan no significa que tengan la honestidad de reconocerlo públicamente, sobre todo ahora que han encontrado en el pésimo manejo gubernamental del aumento de las gasolinas un manjar electoral envidiable.

Una de las estrategias elegidas por los partidos políticos es pretender modificar la ley de ingresos vigente este año para disminuir el monto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Quizá las matemáticas legislativas no le alcancen a Morena para juntar un frente opositor robusto que sea capaz de impulsar un cambio fiscal que implique bajar los impuestos. Y eso también lo saben, pero no se trata de hacer, de modificar, de legislar. De lo que se trata es de gritar de la manera más estridente posible que ellos son los dignos representantes del indignado pueblo bueno.

Para este año, cada litro de gasolina Magna paga 4.30 pesos de IEPS, la Premium 3.64 pesos por el mismo concepto y el Diesel 4.73 pesos por este gravamen dirigido. Además pagan el Impuesto al Valor Agregado de 16% y en algunos casos, como en la Ciudad de México, se paga un impuesto especial ecológico.

Si el Congreso optara por reducir el impuesto especial a las gasolinas, las arcas públicas recibirían cerca de 150,000 millones de pesos menos, dependiendo, claro, del monto en el que dejen este gravamen.

Si ese boquete fiscal no se cubre con otro ingreso y no se recorta más el gasto, lo que ocurre es que se incrementaría el déficit de la cuenta corriente y la deuda. Con ello nos ponemos en el paredón de la degradación crediticia al día siguiente de la votación aprobatoria de esta medida.

Si se quiere recortar el gasto para mantener ese tímido intento de disciplina fiscal propuesto para este año, entonces habría que ver por dónde se puede meter la tijera.

“¡En sueldos y celulares!”, gritan unos. “¡El avión que no tiene ni Obama!”, alardea el otro. Otra vez, suena lindo y altamente popular, pero todos los que hacen alharaca con esos temas tienen claro que el boquete que se tendría que cubrir rondaría 200,000 millones de pesos, lo que inevitablemente tiene que meterse en el terreno del gasto social y en infraestructura.

Entonces ¿se puede bajar el precio de las gasolinas? Sí, sí se puede, por la vía fiscal, con la reducción del impuesto especial.

¿Pueden los partidos políticos tomar una medida como esta? ¡Claro! Si hubiera un político con las habilidades suficientes de convocatoria, podría armar el consenso necesario para ello.

¿Debilitar las finanzas públicas en este momento puede resultar extremadamente costoso para la economía del país? Que no quede la más mínima duda de ello.

¿Esto lo tienen claro aquellos políticos que hoy piden medidas insensatas pero populares? ¡Claro que sí!

Pero, evidentemente, decir lo que aquí expongo no es una buena manera de ganar simpatías.