Reelección: perder-perder

Después de casi ocho décadas, los diputados en funciones podrán buscar la reelección. La reforma constitucional de 2014 se aplicará por primera vez a nivel federal en este proceso electoral.

Ante la falta de una ley reglamentaria, el Consejo General del INE tendría que definir los lineamientos para la reelección. Pero esto no ha sido posible porque, mientras a los partidos solo les interesa la fiscalización, el INE plantea que los aspirantes a reelegirse dejen su cargo y no reciban salarios, al menos desde marzo de 2021.

No veo bases sólidas para ir tan lejos como lo que propone el INE. La Suprema Corte ya ha resuelto, a nivel estatal, que los legisladores locales y autoridades municipales que busquen reelegirse no tienen que renunciar.

Pero el problema mayor es que, como está planteada, la reelección no atiende el objetivo central de la reforma: estrechar los vínculos de los ciudadanos con sus representantes al poder premiarlos o sancionarlos en las urnas. Que rindan cuentas, en pocas palabras.

En Estados Unidos, para usar el ejemplo clásico, los procesos abiertos para elegir candidatos obligan a los aspirantes a mantenerse cerca de los electores, incluso más que con las dirigencias de sus partidos. Hacer y deshacer candidatos es facultad de los electores.

La situación en México es distinta. De inicio, muchos ciudadanos no conocen las funciones de los diputados o senadores, la duración de su encargo ni el nombre de sus representantes. Así, es difícil que vean en qué los beneficia el trabajo de sus legisladores.

Sin procesos de selección de candidatos realmente democráticos, el poder sobre los legisladores se queda en las dirigencias partidistas. A ellas, más que a los electores, buscan complacer los representantes populares.

El propósito de rendición de cuentas planteado en la reforma solo se alcanzará cuando las reglas para la selección de candidatos trasladen el poder hacia los ciudadanos.

De otra forma, la reelección solo sirve para enquistar a “los de arriba” y para poner en riesgo lo que, en los hechos, fue una virtud de la no reelección: permitir cierta rotación de las élites políticas.