Quebraderos en el ISSSTE

Inmersa en una serie de sucesos desafortunados, la cúpula del ISSSTE transita por una crisis de confianza. Un intrigante diagnóstico alarmista formulado por el director de Administración y Finanzas del organismo de atender a los burócratas federales en una comparecencia ante legisladores —ante quienes juró decir la verdad— encendió las señales de alarma.

El titular del instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, tuvo que corregir públicamente a Pedro Zenteno y empeñar buena parte de su credibilidad en sostener lo que técnicamente es irrebatible: los estados financieros muestran la solidez financiera del organismo. Igualmente cierto es que afronta problemas de flujo y adeudos por 19,000 millones de pesos.

Y, sobre todo, un problema de origen: el Presupuesto de Egresos 2019, presentado por la Secretaría de Hacienda y aprobado por la Cámara de Diputados, es de 323,300 millones de pesos, cuando en el 2018 fue de 10,000 millones de pesos.

Más de dos terceras partes de los recursos disponibles para el ejercicio fiscal en curso deberán destinarse exclusivamente al pago de pensiones; sólo 16.3% será para gastos de operación —compra de materiales e insumos, pago de servicios generales y ayudas— y apenas 0.5% para el gasto en bienes e inversión pública.

De los pasivos —que acumulan 18,900 millones de pesos— una tercera parte es producto de mandamientos judiciales, por pleitos laborales y de pensiones que fueron perdidos en los tribunales de conciliación y arbitraje. El resto son pagos pendientes por la adquisición de insumos y materiales médicos, principalmente servicios subrogados.

La necesidad de una ampliación presupuestaria resulta obvia. Y Zenteno —a juicio del director general del ISSSTE— quiso transmitir esa urgencia a los legisladores, aunque optó por formas “desafortunadas”, pero no faltó a la verdad.

“Hay una avidez por resolver los problemas y atender las instrucciones presidenciales”, matizó. “Estamos en la ruta de resolver los rezagos, pero nuestra prioridad es mejorar sensiblemente la atención a los derechohabientes”.

La premisa ya no es hacer más con menos, ahora el ISSSTE deberá ampliar su cobertura y mejorar la calidad de sus servicios, haciendo más con lo mismo y aplicando en forma selectiva los recursos disponibles en la mejoría de la actual capacidad instalada y haciendo más eficiente el servicio a todos los mexicanos, con el alto nivel de atención que se ha brindado en forma tradicional a los trabajadores al servicio del Estado.

La austeridad republicana de la cuarta transformación ha tenido efectos colaterales. La reducción presupuestal obligará al ISSSTE a un recorte en la nómina, para generar un ahorro de 600 millones de pesos, la implementación de compras consolidadas en la contratación de servicios, como el arrendamiento de edificios, vehículos, equipos de cómputo, y una disminución sensible en la subrogación de servicios.

Una aplicación eficiente del gasto servirá para afrontar la reducción presupuestal. Lo más viable sería mejorar los mecanismos de ajuste y la negociación con los acreedores de la institución como gobiernos municipales y estatales, así como instituciones de educación superior y dependencias, para que cumplan con el pago de cuotas y aportaciones.

Hay que recordar que para los gobiernos anteriores, el ISSSTE representó una especie de “caja chica” a través del programa de transferencias, echando mano de las reservas del instituto para otros sectores, sin un regreso equitativo de estos recursos. Tan sólo del 2012 al 2018, las transferencias del gobierno al ISSSTE pasaron de 15,700 millones a 5,000 millones de pesos.

Ramírez Pineda enclavaría en la definición de “tecnócrata neoporfirista” que AMLO endilgó a la generación de jóvenes itamitas que transitaron por el gabinete federal en los últimos tres sexenios. A finales de la década de los 80, el ITAM había pasado de ser una escuela de cuadros para el aparato hacendario —por obra y gracia de Gustavo Petriccioli— para convertirse en el colegio privado predominante. Los herederos de la alta burocracia, incluyendo a los hijos del presidente de la República y de media docena de gobernadores, se matricularon en su departamento de Economía, y algunos también en Derecho, en la UNAM.

Los hermanos Pedro, Bernardo y Ana Vázquez Colmenares pasaron por las aulas de Río Hondo. Y después, el actual director del ISSSTE —hijo del ex gobernador priista Helario Ramírez— completó sus estudios en Economía, para luego irse a Londres, a cursar una maestría en Políticas Públicas. Desde hace 25 años ha construido una sólida carrera en el servicio público —Pemex, IMSS y SHCP, siempre en mandos medios— y en el trabajo legislativo.

En la LIX Legislatura formó parte de la bancada que coordinó Elba Esther Gordillo y de la que también formaron parte Tomás Ruiz, Roberto Campa y José Reyes Baeza. Tal vez por eso, inicialmente se asumió que su arribo al ISSSTE era una concesión del lopezobradorismo a la poderosa ex lideresa magisterial, aunque —si fuera el caso— mucho de su acceso a la 4T es mérito de Manuel Bartlett Díaz.

Hace seis años, por encargo de Luis Videgaray, el ex legislador oaxaqueño llegó al ISSSTE. A la dirección de Finanzas. El equipo de Sebastián Lerdo de Tejada y Luis Antonio Godina pactó con la dirigencia sindical un proceso de reingeniería institucional que pasaba la mudanza de las oficinas centrales y por la liquidación de las tiendas Superissste.

Ese plan quedó trunco, tras del deceso del director general del ISSSTE. Ramírez Pineda fue transferido al Fovissste, del que se retiró dos años antes de que concluyera el sexenio peñista. En el 2018 intentaría retomar su carrera legislativa, pero el PRI no lo integró a su lista de candidatos.

En agosto del año pasado se incorporó al equipo de transición, con la instrucción del presidente electo de armar un plan sexenal para relanzar al instituto, bajo criterios de eficacia y austeridad. La implementación de su estrategia avanza, a pesar de los dichos de su director de Administración y Finanzas.

EFECTOS SECUNDARIOS

LIMPIEZA EN ADUANAS. En curso, un cambio drástico en la Administración General de Aduanas. Por instrucciones superiores, la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, dio posesión de la Administración Central de Operación Aduanera al almirante en retiro Juan Ramón Alcalá Pignol, quien ya había trabajado en la Auditoría de Comercio Exterior. También por instrucciones superiores, el OIC revisa los contratos firmados desde el 2016 y hasta la fecha.