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El río se achica y las tensiones crecen; mientras tanto, el agua se une al petróleo, el gas y los minerales críticos. El agua es uno de esos “algos” por los que podría escalar una disputa internacional, en cualquier momento, pero este no es un momento cualquiera. Vivimos en la era de Trump: si hay un conflicto posible, lo más probable es que algo detonará desde la Casa Blanca.

Texas vive una crisis del agua que es cada vez más aguda y de allá vendrá una presión creciente hacia México. Esta situación ahora les obliga a racionar el suministro y en el futuro aparece como la limitación más seria a su crecimiento. Es la segunda economía más grande de Estados Unidos, sólo después de California. Su PIB es 2.7 billones de dólares, aproximadamente el doble que el de México. Cada día, su población crece en 1,500 personas.

Para los texanos, la cuestión del agua va mucho más allá de la disputa de Trump con México. En lo local, se trata del abasto para 15 millones de personas que viven en la zona y el suministro de productores agrícolas que han visto decrecer la productividad de sus campos. Las pérdidas por el desabasto de agua fueron 993 millones de dólares en 2024, según un trabajo de la Universidad de Texas A&M. En 2024 cerró el último ingenio azucarero en el sur de Texas. En ese año, se desplomó la producción de algodón, cítricos y sorgo.

Los problemas de los productores no acaban con la tregua en la imposición del arancel de 5% y no terminarán en el momento en que México entregue el agua comprometida la semana pasada. México deberá enviar 249 millones de metros cúbicos de agua. El envío comenzó el 15 de diciembre y deberá concluir el 31 de enero.

No acabará, porque el agua se ha vuelto un asunto existencial para Texas. Los texanos sienten los estragos del cambio climático y se plantean qué cambios necesitan hacer en su cultura del agua; cuánto deben invertir para poner al día su infraestructura y qué ajustes necesitan hacer en un marco regulatorio que es extremadamente complejo, pues tiene que ver con un cauce de 3,000 kilómetros. El uso del agua de los ríos Bravo y Colorado obedece a regulación de tres estados en Estados Unidos: Colorado, Nuevo México y Texas. A eso hay que añadir lo que pasa con México, al otro lado de la frontera. Aquí tenemos una Comisión Nacional del Agua y los distritos locales de riego.

En Texas, piensan que el acuerdo de 1944 con México debe modernizarse e incluir definiciones más precisas sobre las situaciones de emergencia que impidan entregar el agua. La sequía es real y ocurre en los dos lados de la frontera, ¿cómo se deben repartir los sacrificios que impone la escasez de agua? En la misma línea, buscan compromisos de inversión del lado mexicano, relacionados con la captación, el uso y reuso del agua.

Texas está proyectando hacer enormes inversiones. En noviembre pasado, aprobaron un plan de 20,000 millones de dólares para obras de infraestructura hídrica. Estas se ejercerán en las próximas dos décadas. La mitad del dinero irá a desarrollar “agua nueva”, vinculada a plantas de desalinización y a exploración y conexión de nuevas fuentes. La otra mitad irá a reparar la infraestructura existente, con énfasis en las tuberías que pierden miles de millones de litros cada año.

¿Qué hará México? De aquí al 31 de enero, entregar los 249 millones de metros cúbicos que prometimos. Más adelante, ya veremos. Las cuestiones más apremiantes son de dónde saldrá el agua y cómo afectará el suministro de algunas poblaciones y distritos de riego. Hay preocupación justificada en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Podemos descartar un milagro climático que resuelva la sequía; por ello, debemos plantearnos cómo hacemos un uso más eficiente del agua. La presidenta Sheinbaum se ha referido a ello varias veces. Tenemos una Ley de Aguas reformada, que otorga mayores facultades a la Comisión Nacional del Agua y una conciencia creciente de la importancia del agua. Tenemos también un problema: la Conagua tiene un presupuesto de 36,000 millones de pesos para el 2026. Es 4.5% menor a lo que tuvo en 2025.