La sabiduría popular mexicana dice que no es posible, al mismo tiempo, silbar y comer pinole. Y en este momento, la decisión presidencial tendrá consecuencias de gran peso para todos
La bomba político-informativa que ayer explotó en México, enviada desde Nueva York, no tuvo, por esperada, menor estruendo devastador. Finalmente, las confesiones que uno a uno de los capos del narcotráfico mexicano que han llegado a los tribunales de los Estados Unidos han ido aportando en el sucio recurso del testigo protegido —que logra disminuir su castigo empinando a pillos iguales o mayores— comenzó a alimentar los expedientes judiciales: un juez federal de Nueva York pidió juicio a diez ciudadanos mexicanos, sinaloenses por más señas, acusándolos de activa participación en las actividades criminales del Cártel de Sinaloa.
¡Ay, ay, ay, mamá por Dios!
El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado al de México la detención con fines de extradición de diez personas, funcionarios actuales o del pasado reciente del gobierno de Sinaloa. En la lista sobresalen los nombres del actual gobernador Rubén Rocha Moya, del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza Cárdenas. La mayoría de los acusados son o fueron parte del Ejecutivo estatal, mayormente en cargos policiacos.
La investigación apunta a que todos ellos, en mayor o menor medida, protegieron por años a lo que queda del Cártel de Sinaloa, encabezado por los hijos del Chapo Guzmán, que se disputan el liderazgo criminal con los herederos del Mayo Zambada. Participarían en el acopio de armas y en el efectivo tráfico de cocaína y otras drogas al Norte.
Uno de ellos, el excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, debería enfrentar cargos por el secuestro, tortura y muerte de un informante de la DEA y de un familiar suyo; ese podría recibir, potencialmente, cadena perpetua. Los demás no superarían los cuarenta años de cárcel.
Potencialmente.
El procedimiento de arresto y extradición de cualquier acusado dura lo que el gobierno solicitado quiera que dure. La petición de arresto con fines de extradición tiene que acompañarse de pruebas fehacientes, que el país que recibe la solicitud tiene el privilegio de calificar.
¿Que esto tiene tintes políticos? Esto es un asunto político de primera magnitud, de cuyo desenlace depende el destino de los mexicanos.
La primera reacción de los acusados y del aparato de gobierno mexicano conduce a la conclusión de que la señora presidenta con “A” de mujer no va a entregar a los acusados. Rubén Rocha Moya y todos los que han hablado niegan todos los cargos y coinciden en que la ofensiva norteamericana no es en contra de ellos, sino de toda la Cuarta Transformación y, señaladamente, contra —así lo dicen— “el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
En eso no se equivocan. Si los cargos, como piensa un amplio grupo de mexicanos —de sinaloenses particularmente— se prueban ciertos, esto significa la debacle de un movimiento hecho poder omnímodo, en un sucio asunto de complicidades y crímenes realizados con impunidad y persistencia.
Por Dios, qué borracho vengo.
En este caso crítico, no hay medias tintas. O la señora Sheinbaum apoya con todo su fervor y poder a todos los implicados o, como buen capitán de los barcos de fábula, se hunde con ellos. Aquí no se trata de carencia de pruebas. En más de una ocasión el gobernador Rocha Moya admitió la necesidad de “coordinarse” con el narco para poder gobernar su estado.
Y por último, El Quelite.
La señora presidenta está entre la espada y la pared. Demasiado temprano se le presenta la alternativa de romper firmemente con un pasado nebuloso y culpable o envolverse en la bandera de la soberanía nacional, ahora tan de moda. Tanto el gobernador como el senador Inzunza Cárdenas afirman que tienen el apoyo de la presidenta. Rocha Moya dijo que ya habló con ella. El novato secretario de Relaciones Exteriores ya mandó decir oficialmente que la petición de arresto con fines de extradición presentada por los Estados Unidos no aporta pruebas y que será la Fiscalía General de la República la que dictaminará el qué hacer.
Todo indica a que será, más bien, el qué no hacer. Ya la Fiscalía ha filtrado un adelanto de su rechazo.
Lo único cierto, creo, es que en este caso no existe la opción B. La sabiduría popular mexicana dice que no es posible, al mismo tiempo, silbar y comer pinole. Y en este momento, la decisión presidencial tendrá consecuencias de gran peso para todos los mexicanos.
PILÓN PARA LA MAÑANERA DEL PUEBLO (porque no dejan entrar sin tapabocas): No hay más que una sola pregunta hoy, 30 de abril: ¿de qué lado está Claudia Sheinbaum? Porque de su respuesta puede derivarse una mayor profundización de la brecha que divide a una sociedad tan radicalizada.
Minuto a minuto
