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El encono de Andrés Manuel López Obrador con las fuerzas armadas ahora se diversifica.

Sin que viniera al caso, el 6 de febrero, al entonces candidato le contrarió que el divisionario Salvador Cienfuegos aceptara la distinción que pretendió hacerle la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas:

“¿Qué tiene que estar el secretario de la Defensa recibiendo un premio de la Universidad de Chiapas? Esa es politiquería. Que se ponga a hacer su trabajo. Lo digo de manera respetuosa. ¿Qué tiene que estar haciendo política el secretario de la Defensa? Y que no diga que no es política aceptar un premio, una condecoración honoris causa en Chiapas. ¿Qué tiene que ver eso con su función, con su trabajo…?”.

Las bases morenistas reaccionaron ipso facto y al día siguiente, en ominoso documento a su comunidad, la institución informó:

“Atentos a las expresiones y apreciaciones que han manifestado algunos miembros de nuestra universidad, (…) hemos acordado suspender la entrega…”.

Un año antes AMLO había iniciado señalamientos de supuestas “represiones” y “masacres” de las fuerzas armadas contra “el pueblo”.

En Veracruz, por ejemplo, aseguró que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto “dieron órdenes al Ejército y a la Marina de ejercer acciones militares que le quitan la vida a los seres humanos”, y prometió no utilizar al Ejército “para reprimir al pueblo”, ya que “no se va a resolver nada con masacres” (al hoy ex panista le contabilizó 100).

Y en vísperas del 50 aniversario del tlatelolcazo, anunció que dará “un giro” al Ejército y la Marina Armada para “que ya no se ocupen de las tareas que hasta ahora tienen encomendadas…”.

Lo que los militares harán a partir del 1 de diciembre será informado por López Obrador mañana, pero casi un centenar con rango en las instituciones de tierra, mar y aire saben muy bien lo que no harán el día de cambio de timón presidencial: asistir a la toma de protesta en San Lázaro.

Y no irán por la razón menos imaginable: fueron desinvitados.

Tocó al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, abrirles y cerrarles el acceso a la ceremonia:  a principios de octubre pidió a los secretarios de Sedena y Marina una lista de mandos para enviar invitaciones y pases al estacionamiento.

Así, pues, acompañando a los titulares de ambas dependencias, irían los subsecretarios, oficiales mayores, comandantes generales, inspectores y contralores, jefes de su respectivo Estado Mayor, comandantes de las Regiones Militares y Navales; los de las principales Zonas Militares, directores de Educación y de las distintas Armas y Servicios: el fiscal general militar y los titulares de Derechos Humanos, entre otros.

Sin embargo, luego de dos días, Muñoz Ledo comunicó el infortunio de que no sería posible “atender” a quienes había invitado porque fue modificado el “formato” habitual de cada seis años.

¡Zas…!

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