Claro que esa política presidencial afecta a los empresarios, a los accionistas y a los mercados bursátiles
Si la empresa quiebra, es problema del empresario porque no hay rescates para potentados. Esa es la respuesta presidencial a los resultados de la Conferencia Nacional para la Reactivación Económica que organizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El presidente piensa así y hoy esa es la forma de gobierno y lo es en medio de la peor crisis económica de nuestra historia contemporánea: la empresa es igual a un empresario rico, no es equivalente a empleos, suministro, desarrollo y crecimiento.
El CCE dedicó tres días a reunir a 250 panelistas que por medios digitales llegaron a 68 ideas para reactivar la economía y todo para que el presidente simplemente tirara a la basura los planteamientos empresariales.
Claro que esa política presidencial afecta a los empresarios, a los accionistas y a los mercados bursátiles. Pero los más perjudicados son los trabajadores que pierden el sustento, y el mercado de consumo que ve una disminución en la oferta de productos y servicios.
Pero este gobierno cree que la relación iniciativa privada-gobierno es una guerra, un enfrentamiento. Cree que hay un intento de las fuerzas oscuras de aplastar con la bota del capitalismo a su transformación.
De hecho, el presidente López Obrador quiso justificar su visión dogmática echándole encima al CCE el Artículo 25 de la Constitución. Sólo que en su referencia lleva el propio incumplimiento de este gobierno, porque esto dice el párrafo primero del citado artículo:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
Lo que el presidente quería resaltar era sólo la primera línea, la lectura superficial como siempre, esa que habla de la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional. Pero si avanzara en la lectura, vería que es su obligación fomentar la competitividad, el crecimiento económico y el empleo.
Pero hay más, ese artículo obliga al Estado a velar por la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero. ¿Recuerdan lo mucho que molestó al presidente el programa emergente del Banco de México que tiene ese propósito?
Bien haría el gobierno federal en releer el Artículo 25 constitucional porque los obliga a alentar y proteger la actividad económica de los particulares y a proveer de las condiciones al sector privado para que contribuya al desarrollo nacional.
Que es justo lo contrario de lo que plantea Andrés Manuel López Obrador como su política de gobierno.
Además, en ninguno de sus 10 párrafos este artículo constitucional hace referencia a que se debe sustituir el apoyo al sector privado o la búsqueda de la competitividad y el empleo con una alta espiritualidad como lo propone la 4T.
¡Qué bueno, pues, que López Obrador citó el Artículo 25 de la Constitución!
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