Como el levantón y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa (septiembre de 2014), el de los cinco jóvenes de Tierra Blanca (10 de enero reciente) es, por desgracia, otro más en que policías locales revelan su verdadera, miserable condición de testaferros de bandas del narcotráfico. El secuestro y masacre de 24 albañiles en La Marquesa … Continued
Como el levantón y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa (septiembre de 2014), el de los cinco jóvenes de Tierra Blanca (10 de enero reciente) es, por desgracia, otro más en que policías locales revelan su verdadera, miserable condición de testaferros de bandas del narcotráfico.
El secuestro y masacre de 24 albañiles en La Marquesa (septiembre de 2008); 58 hombres y 14 mujeres migrantes en San Fernando (agosto de 2010); 20 michoacanos en Acapulco (octubre de 2010); 28 en Allende (Coahuila, marzo de 2011); siete adultos y seis niños en Oaxtepec (julio de 2013), o 22 en Arcelia (enero de 2016), no podrían explicarse sin la complicidad de efectivos de corporaciones locales como en Guerrero y Veracruz.
Pero en esos crímenes tan tumultuarios como relevantes no han participado elementos del Ejército, la Marina o la Policía Federal. ¿Por qué entonces la insistencia de deudos, representantes de los normalistas y los expertos independientes de la CIDH en insinuar que soldados del 27 Batallón de Iguala pudieron haber sido corresponsables de aquella desgracia?
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